Ante el imparable avance de la inteligencia artificial (IA), movimientos ciudadanos, intelectuales, líderes políticos o religiosos, iniciativas nacidas en países del sur global y algunas voces de agencias de instituciones multilaterales o gubernamentales claman por una reflexión profunda y urgente sobre los límites y controles que debe tener una IA que ayude a las sociedades humanas en su evolución y no las haga caer en una involución en lo que a libertades, democracia y derechos se refiere. Desde ese punto de vista, y asumiendo la legitimidad de lo humano sobre la tecnología y la necesidad de que esta no sea sino una herramienta al servicio del bien común, quizá sea hora de comenzar a hablar del derecho a la IA como un derecho de acceso, de control, de disfrute y de explotación colectiva de un conjunto casi ya infinito de saberes que bebe única y exclusivamente del saber humano acumulado durante miles y miles de años de evolución. “La propiedad de lo que está pasando a ser el mayor medio de producción global —la IA— no debiera redundar en beneficio exclusivo de unas pocas manos” Hablar del derecho a la IA, de igual manera que se habló incipientemente en el pasado de derechos hoy naturalizados, puede ayudar a enfrentar un momento histórico en el que la propiedad de lo que está pasando a ser el mayor medio de producción global —la IA— no debiera redundar en beneficio exclusivo de unas pocas manos —las de oligarcas y poderes sin control popular o democrático—, que no reconocen el carácter humano y colectivo de un conjunto de herramientas que extraen sus capacidades de la aportación infinita del ingenio y la innovación humanos.
se propone, como elemento para el debate, un decálogo por el derecho a la IA como bien común.
Diez razones para reconocer un derecho a la inteligencia artificial
1. La IA es una herencia colectiva
Los grandes modelos de lenguaje e inteligencia artificial se han entrenado con el conocimiento acumulado por la humanidad durante siglos: literatura, ciencia, filosofía, legislación, arte. Ese acervo no pertenece a ninguna corporación. Privatizarlo es una forma de apropiación indebida del patrimonio común.
2. Sin datos públicos, no hay IA
Los sistemas de IA han sido entrenados masivamente con contenidos generados en espacios públicos o semipúblicos: webs institucionales, bibliotecas digitales, redes sociales, producción académica financiada con fondos públicos. Si el insumo es colectivo, el beneficio no debería ser solo para unos pocos.
3. La IA es una infraestructura crítica del siglo XXI
Igual que el agua, la electricidad o internet, la inteligencia artificial se está convirtiendo en infraestructura esencial para la vida económica, social y democrática. Estas infraestructuras críticas no pueden quedar en manos exclusivamente privadas sin supervisión pública efectiva.
4. El acceso a la IA como elemento de justicia social
Si la IA aumenta exponencialmente la productividad y el bienestar de quienes la tienen y amplía la brecha con quienes no, se convierte en un nuevo vector de desigualdad estructural. El acceso universal a sus capacidades básicas debe reconocerse como derecho, al igual que el acceso a la educación o la sanidad.
5. La democracia y una IA no capturada por intereses privados
Una IA en manos de unas pocas corporaciones —con sus propios sesgos, incentivos comerciales y relaciones con el poder— es una amenaza para la formación de opinión libre, el pluralismo informativo y la autonomía ciudadana. La soberanía democrática requiere soberanía tecnológica.
6. La propiedad pública garantiza una IA al servicio del interés general
Los modelos de gestión pública o mixta permiten orientar la IA hacia fines sociales: sanidad, educación, administración, investigación, transición ecológica. La lógica del beneficio privado es estructuralmente incompatible con esos objetivos.
7. El trabajo humano alimentó y alimenta la IA: hacia una retribución colectiva
Millones de trabajadores, creadores, académicos y ciudadanos produjeron sin saberlo el material que entrena los sistemas de IA. Una parte del valor generado debe retornar a la sociedad bajo la forma de dividendo tecnológico, financiación pública o servicios universales.
8. La IA pública es la única garantía real de transparencia, control, rendición de cuentas y respeto al medio ambiente
Los algoritmos privados son cajas negras. Una IA de titularidad pública o bajo control democrático puede ser auditada, cuestionada y corregida. La opacidad algorítmica en manos privadas es incompatible con el Estado de derecho y con la protección de derechos fundamentales.
Asimismo, solo bajo control democrático se puede conducir el desarrollo de la IA en tiempos de estrés climático, evitando un acceso ilimitado y nocivo a recursos naturales finitos.
9. La gobernanza de la IA debe ser participativa, democrática, plural y multinivel
Las corporaciones solas no pueden gestionar una tecnología de alcance civilizatorio. Se necesitan marcos de gobernanza que incluyan parlamentos, ciudadanía, comunidad científica y organizaciones internacionales, con especial atención a los países del sur global, que no pueden quedar excluidos de esta revolución tecnológica. La IA y las decisiones sobre ella tienen ingentes implicaciones para la vida humana. Por lo tanto, los seres humanos tenemos que ejercer la gobernanza de la IA.
10. El derecho a la IA implica también el derecho a no ser gobernado por ella
Todo ciudadano debe tener garantizado el derecho a que las decisiones que le afectan —en empleo, justicia, sanidad o crédito— no sean adoptadas de forma exclusiva por sistemas automatizados sin supervisión humana y sin posibilidad de impugnación. El derecho a la IA incluye el derecho a la explicabilidad, la apelación y la dignidad frente al algoritmo.
Por un desarrollo normativo del derecho a la IA
Si el derecho a la IA ha de tener contenido real y no quedarse en declaración de principios, necesita traducirse en instrumentos jurídicos y normativos concretos. El primer paso podría ser el reconocimiento explícito del acceso a la IA como derecho de nueva generación, incorporándolo, por ejemplo, a constituciones nacionales en el ámbito europeo, a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en el plano internacional, a nuevas normas bajo el paraguas de organismos multilaterales.
¿No sería razonable que a ese reconocimiento le siguiera una ley que declarara los grandes modelos de IA —entrenados sobre patrimonio colectivo y con financiación pública directa o indirecta— como bienes comunes digitales, con obligaciones de acceso, limitaciones a la apropiación privada exclusiva y mecanismos de retribución colectiva? Y, enfocando la capa económica que genera la IA, ¿por qué no establecer un régimen fiscal diferenciado sobre los beneficios extraordinarios de las grandes corporaciones que emplean IA, con el que nutrir un fondo soberano de tecnología destinado a financiar investigación pública, acceso universal y servicios digitales para la ciudadanía? El modelo normativo existe ya en herramientas como los fondos soberanos de países como Noruega y es perfectamente trasladable a la naturaleza del activo digital.
“Toda persona debería tener reconocido legalmente el derecho a saber cuándo una decisión que le afecta ha sido adoptada o influida por un sistema automatizado”
El segundo nivel normativo podría afectar a las garantías individuales. Toda persona debería tener reconocido legalmente el derecho a saber cuándo una decisión que le afecta ha sido adoptada o influida por un sistema automatizado, a recibir una explicación comprensible de sus fundamentos y a impugnarla ante una instancia humana competente. Ello requiere modificaciones en la legislación procesal, administrativa y laboral, pero también normas de transparencia y auditoría algorítmica que obliguen a que todo sistema de IA con impacto significativo sobre derechos sea auditable por autoridades independientes con capacidad sancionadora real. ¿Por qué conformarse con el alcance actual del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, cuando la auditoría debería ser continua y tener efectos vinculantes, en lugar de consistir en un ejercicio de autorregulación supervisada que deja en manos de las propias corporaciones la definición de sus límites?
El tercer nivel podría ser el de la gobernanza global. Ningún Estado puede afrontar en solitario la regulación de tecnologías cuyo desarrollo está concentrado en un puñado de corporaciones transnacionales con recursos superiores a los de la mayoría de los gobiernos del mundo. Existen iniciativas que apuntan en la dirección correcta —la Recomendación de la UNESCO sobre ética de la IA de 2021, la normativa de la UE o los debates normativos del Consejo de Europa, en los que pude participar como miembro de esa asamblea y ver los límites de las resoluciones en cuestiones tan urgentes como el monstruoso empleo de la IA en armamento y la intolerable cesión a máquinas de la decisión de ejecutar un ataque, o los efectos de la IA sobre el mercado laboral y la salud mental de las personas trabajadoras—, pero todos estos marcos normativos son, en su arquitectura profunda, instrumentos propios del mundo digital del siglo XX: recomendaciones no vinculantes, códigos de conducta voluntarios, declaraciones de principios sin mecanismos reales de aplicación. ¿Por qué no empujar, sobre esas bases, un tratado internacional genuinamente vinculante de gobernanza de la IA —en el marco de Naciones Unidas o de una agencia especializada de nueva creación— que establezca estándares mínimos globales, garantice la participación efectiva de los países del sur global y cree mecanismos reales de resolución de conflictos entre legislaciones nacionales e intereses corporativos transnacionales?
A modo de conclusión
Los derechos que hoy consideramos naturales —el sufragio universal, la educación pública, la sanidad como servicio colectivo, la protección laboral— no surgieron de la generosidad espontánea del poder: fueron el resultado de luchas sociales, de propuestas intelectuales que en su momento parecieron utópicas y de decisiones políticas que alguien tomó cuando todavía era posible tomarlas. El momento para decidir cómo se gobierna la inteligencia artificial es ahora, mientras las estructuras de poder que está generando no se han consolidado de manera irreversible.
Como conclusión, podríamos preguntarnos: ¿será la inteligencia artificial una herramienta para mejorar la vida de la especie humana en su conjunto y los equilibrios del planeta y ayudar a resolver los grandes problemas colectivos —la pobreza, el cambio climático, la enfermedad— o será el próximo gran mecanismo de extracción de valor en beneficio de quienes ya acumulan demasiado poder?
“Solo con firmeza e imaginación democrática podremos resolver positivamente esta pregunta y enfrentar el mayor cambio tecnológico y civilizatorio en marcha”
Solo con firmeza e imaginación democrática podremos resolver positivamente esta pregunta y enfrentar el mayor cambio tecnológico y civilizatorio en marcha. Evitar la distopía y generar una tecnología al servicio de la prosperidad colectiva —de personas, servicios, economías, Estados y el planeta— parece hoy, en el contexto de guerras y conflictos crecientes, una quimera. Pero hacerlo está en nuestra mano. Debatamos y construyamos el derecho a la IA.
