The return from vacation was not peaceful for the Spanish debate over data centers. On August 27, the project of a royal decree establishing its sustainability requirements opened for public consultation; the sector’s employers’ association (SpainDC) warned that the new demands could put at risk between 80% and 90% of the planned investment; the Government of Aragon, where some of the main projects are located, accused Madrid of scaring away investments with legal uncertainty and impossible requirements; and environmental organizations argued exactly the opposite, that the decree falls short.
The controversy is, in reality, a domestic echo of global tensions. In the United States, on August 31, Donald Trump posted on Truth Social that American communities that do not want data centers on their territory “will end up being left behind and poor,” while a nationwide POLITICO poll showed that households’ rejection of a data center in their own locality had risen from 28% to 41% in six months. The issue is so heated that in the upcoming elections, the midterms of November, the position of the candidates on data centers is expected to play an important role.
With this backdrop, it is easy to read the debate about data centers in purely ideological terms: those who defend strict demands are “anti-growth” or aligned with the degrowth-left; those who criticize them are acolytes of the big tech companies. It is a mistake, and it is worth making it clear before getting into the details: a data center is not, in itself, left-wing or right-wing. It is an industrial infrastructure piece — and a very large one — of a still-new and rapidly expanding industry. If a country renounces them, that will very predictably have implications for its future development and technological sovereignty. Whether the benefits of their arrival in a country or region outweigh the drawbacks depends on the specific case and on how it is regulated: how much real value it leaves in the territory, who pays for the network reinforcement it requires, what alternative investments exist for that territory, etc. Reducing that technical question to a confrontation between big tech and “the people” — or, in Trump’s version, between “progress” and “the laggards” — is a category error, and the extremes of the political spectrum fall into it with the same ease.
“That a country forgoes data centers has, predictably, implications for its future development and technological sovereignty”
A recent example of how to overcome polarization also comes from the United States. While Trump was unleashing his outburst, Congress had been weeks processing a draft law that achieves much of what the protests demand —that data centers pay for their own electrical infrastructure, not the neighbor’s—, and it did so with near-unanimous bipartisan support. It is worth understanding why that law achieves that consensus and why the Spanish decree, by contrast, does not.
The underlying problem, without ideology
Before comparing the two rules, it is worth explaining the real problem that both are trying to solve, because it is purely technical and does not depend on which side of the political spectrum one sits.
A large data center consumes electricity in a practically constant manner, twenty-four hours a day. That flat consumption pattern clashes with an increasingly renewable electricity system, whose generation varies with the wind or with sunshine. When the grid has to cover that constant consumption in the hours when renewable sources do not reach, it resorts to gas-fired plants. And in most European electricity markets, including Spain, the price of the last plant that enters to cover demand (usually gas) sets the price for all consumers in that hour. Moreover, that backup has to be paid for: the capacity for firm generation, storage, and the reinforcement of transmission and distribution lines are not free, and someone has to bear those costs.
“When the grid has to cover that constant consumption in the hours when the renewable sources do not reach, it resorts to gas-fired plants”
Nada de esto es una opinión política. Es la mecánica básica de cómo funcionan los mercados eléctricos marginalistas, y cualquier ingeniero o economista de la energía la reconocería independientemente de filiación ideológica. La pregunta que sí es objeto de un debate legítimo —y aquí es donde entra la política, en el buen sentido— es cómo repartir esos costes y qué exigir a cambio de acceder a una red que, en muchos puntos, ya está saturada.
España responde con una regla excesivamente exigente, de propósito ambiguo
El proyecto de real decreto español exige a los centros de datos superar dos condiciones para obtener y mantener la conexión a la red: que el 80% de su consumo anual esté cubierto por generación renovable nueva, construida expresamente para ellos, y que el 80% de lo que consuman en cada hora concreta coincida, esa misma hora, con producción renovable. Uno de los objetivos declarados es precisamente el que se acaba de explicar: evitar que un consumo tan plano acabe apoyándose en el gas y encareciendo la factura del resto del país. Pero no es el único: el mismo decreto persigue a la vez que la industria crezca apoyada en generación renovable adicional —no limitándose a repartirse la que ya existe—, que los centros de datos alcancen determinados niveles de eficiencia energética e hídrica, y que contribuyan a la “soberanía digital” del país y de la Unión Europea. Son objetivos legítimos por separado, pero el decreto usa el mismo indicador para hacer dos trabajos distintos dentro de ese conjunto de objetivos, y eso es lo que explica buena parte de lo que sigue.
“El decreto persigue que la industria crezca apoyada en generación renovable adicional. no limitándose a repartirse la que ya existe”
Si un centro de datos se queda corto en su cobertura renovable, puede recibir un recargo económico sobre sus peajes de red —un mecanismo de precio: paga más quien más le cuesta al sistema—. Pero si el incumplimiento se considera “significativo y reiterado”, ese mismo indicador puede acarrear la pérdida directa del permiso de acceso —un mecanismo de expulsión: deja de operar, y las inversiones de cientos de millones se van a la basura—. Usar una sola vara para decidir a la vez cuánto paga un proyecto y si puede seguir existiendo tiende a hacer peor las dos cosas: un centro de datos que aporte mucho empleo y proveedores locales, pero que no encuentre encaje renovable fino en su zona, puede acabar expulsado por completo cuando bastaría con cobrarle el coste real que impone. Al mismo tiempo, uno que cumpla de sobra el umbral, pero que apenas deje valor en el territorio, sigue adelante sin que nada en la norma se pregunte si merecía la pena cederle el hueco. A partir de ahí, quedan varias preguntas sin responder con la claridad que deberían.
¿Por qué el listón español es más exigente que el que la propia UE está reconsiderando?
El decreto reconoce en su propia exposición de motivos que copia el modelo de correlación horaria y adicionalidad que la UE aplica al hidrógeno renovable. Pero lo copia endurecido: a los electrolizadores de hidrógeno, Bruselas les da correlación mensual hasta 2030, y solo horaria a partir de entonces; a los centros de datos españoles se les exige correlación horaria desde el primer día. Y ese mismo reglamento europeo de referencia lleva desde julio en revisión, precisamente para relajar los requisitos de adicionalidad y correlación horaria que en su día resultaron demasiado rígidos. España está importando un estándar justo cuando su propio autor empieza a dudar de él —y lo está importando en su versión más dura, no en la que probablemente resulte de esa revisión.
Segunda: ¿protección al consumidor o moratoria prematura?
España no es el único país europeo tentado por restringir los centros de datos: en 2022 Irlanda impuso requisitos que detuvieron el desarrollo del sector. Pero lo hizo cuando el país ya estaba trufado de centros de datos y estos habían llegado a suponer el 23% de la demanda eléctrica en 2025 (en España, estamos en torno al 1%). La patronal española calcula que la exigencia draconiana del decreto podría poner en riesgo entre el 80% y el 90% de la inversión que, de otro modo, llegaría al país. En un contexto en que la prosperidad europea está amenazada por la pérdida de competitividad tecnológica (Mario Draghi, difícilmente sospechoso de tecnooptimismo libertario, ha alertado de la necesidad estratégica para Europe de contar con infraestructuras digitales), ¿puede permitirse España frenar en seco el desarrollo del sector?
Nadie ha explicado con números cuánto resuelve realmente el 80%
El propio umbral admite que hasta un 20% del consumo, tanto en el cómputo anual como en cada hora, puede no estar cubierto por renovable nueva. Ese margen no se reparte por igual a lo largo del día: es precisamente en las horas de tarde-noche —cuando el sol desaparece y el sistema está más tensionado— donde un centro de datos tiene más probabilidades de recurrir a ese 20% no cubierto, que es justo cuando el gas fija el precio para todos. No se ha publicado ningún análisis público del Ministerio, la CNMC o Red Eléctrica que cuantifique qué parte del efecto sobre el precio mayorista queda efectivamente neutralizada con este umbral concreto, ni por qué se ha fijado en el 80% y no en el 60% o el 95%.
Estados Unidos responde con una sola herramienta para un solo problema
Frente a esa mezcla de objetivos en un único instrumento, el Ratepayer Protection Act —la ley que el Congreso de EE. UU. sacó adelante en comité por 52 votos a 0 el 21 de julio— hace justo lo contrario. No se hace ninguna de las preguntas sobre el origen de la electricidad que sí se hace España. No exige renovable adicional, ni correlación horaria, ni ningún compromiso sobre el mix energético del centro de datos o la soberanía digital. Exige solamente una cosa: si conectar a un gran consumidor exige ampliar la generación, el transporte o la distribución, ese consumidor paga el coste íntegro e incremental de la ampliación —no el resto de los abonados—. La eléctrica, además, debe exigir garantías financieras antes de empezar la obra, y esa obligación de pago sobrevive aunque el centro de datos acabe cancelando el contrato más adelante, para que el coste no quede varado sobre el resto de la red.
“If connecting a large consumer requires expanding generation, transmission or distribution, that consumer pays the full and incremental cost of the expansion”
Y aquí está el punto que interesa subrayar, porque el debate se está polarizando rápidamente en España: esta ley no es un capricho de la izquierda contra las tecnológicas, ni una concesión de la derecha a Silicon Valley. La impulsan conjuntamente un republicano (Gabe Evans, de Colorado) y una demócrata (Kathy Castor, de Florida), y salió de comité sin un solo voto en contra. “Que la factura de las grandes tecnológicas no la paguen las familias trabajadoras” es, en el Congreso de EE. UU., de las poquísimas cosas de esta legislatura en las que republicanos y demócratas están de acuerdo —incluso mientras su propio presidente intenta convertir el asunto en una trinchera cultural más.
Eso no significa que el sector esté encantado: la patronal estadounidense (Data Center Coalition) se ha quejado de que, en la versión aprobada, la ley se acotó específicamente a los centros de datos (su argumento —¿por qué solo a nosotros?— es razonable) cuando la propuesta original se aplicaba a cualquier gran consumo industrial superior a 100 megavatios. Un recordatorio de que el consenso en la política no siempre es garantía de eqidad.
El contraste que mejor resume la diferencia: qué pasa con lo que ya existe
Si hay un punto donde las dos normas se separan con más nitidez, es en cómo tratan a los proyectos que ya estaban en marcha antes de aprobarse.
Las disposiciones transitorias del decreto español alcanzan hacia atrás: un proyecto que ya tenga el permiso de acceso concedido, pero que aún no se haya conectado, dispone de solo seis meses desde la entrada en vigor para acreditar que cumple los nuevos requisitos, o pierde el permiso y las garantías ya depositadas. Es, exactamente, la queja de fondo de Aragón: capital comprometido bajo unas reglas que cambian a mitad de partida.
Y ese plazo no es solo corto: es, para la mayoría de los proyectos, sencillamente imposible de cumplir. Cerrar un contrato de compra de electricidad renovable a plazo (PPA) —el instrumento que el propio decreto exige para acreditar la adicionalidad— puede llevar un año de trabajo, incluso para volúmenes mucho más modestos que los consumidos por los centros. Pedirle a un proyecto que ya estaba en marcha que resuelva todo eso en seis meses es misión imposible. La mayoría no podrá cumplir por mucho empeño que ponga, lo que convierte a la “ventana para adaptarse” en poco más que un trámite antes de la pérdida del permiso.
La ley estadounidense hace lo contrario, y de forma explícita: solo se aplica a quien firme un contrato de suministro a partir de la entrada en vigor de la norma. Quien ya tenga un contrato en marcha queda al margen.
La regla de Tinbergen
El episodio deja, de entrada, una lección que trasciende los detalles técnicos de cada norma, y que en la teoría de la política económica tiene incluso nombre propio: la regla de Tinbergen. Formulada en los años cincuenta por el economista neerlandés Jan Tinbergen, la regla establece que, para cada objetivo de política independiente, hace falta un instrumento independiente. Cuantos más objetivos se le exijan a una sola herramienta —en este caso, un umbral de cobertura renovable llamado a hacer de filtro industrial, mecanismo de precio e instrumento de mix energético a la vez—, peor tenderá a cumplir cada uno de ellos por separado. Es, en el fondo, la misma lección que deja la comparación anterior: separar la pregunta de quién paga de la pregunta de qué mix energético es deseable no es un matiz técnico menor, sino la diferencia entre una norma que funciona y una que no.
“Cuantos más objetivos se le exijan a una sola herramienta, peor tenderá a cumplir cada uno de ellos por separado”
Hay, además, una lección política, más allá de la puramente regulatoria: proteger al consumidor de una factura eléctrica más cara por culpa de un centro de datos es una idea que, planteada sola, une a republicanos y demócratas sin esfuerzo. No hay ninguna receta que garantice evitar la polarización que ya asoma en Trump llamando “atrasado” a quien proteste, o en quien esté tentado de convertir cualquier exigencia de sostenibilidad en una batalla identitaria contra las tecnológicas; pero separar con más cuidado lo que es protección del consumidor de lo que es una política industrial de futuro parece, cuando menos, un punto de partida más prudente que mezclarlo todo en la misma norma.
Ahí está, en realidad, el problema de fondo del decreto español: la norma corre el riesgo de fallar en sus múltiples objetivos declarados —contener el coste para el resto de los consumidores, entre ellos— mientras funciona, en la práctica, como el filtro más duro de Europa, que, por imposible de cumplir, puede acabar abortando —¿un objetivo no declarado?— un sector clave que en nuestro país apenas ha tenido tiempo de despegar.
