Technological transformation is an inescapable reality in today’s economic and social environment. Being one of the countries that lead it is at once the only option and the great opportunity Spain holds to generate sustainable economic growth, to create quality jobs, and to advance our welfare state.
To this end, we need determination and a shared national project that translates into ambitious public policies; into business investment that tackles large, innovative and transformative projects; into leveraging the talent we have and training the qualified professionals that companies demand; into consolidating our potential in emerging sectors such as biotechnology, renewable energies, or the aerospace industry. And, of course, we also need a fiscal framework that supports and strengthens that momentum.
When we talk about innovation and business investment, it is impossible not to refer to a fundamental tool: the tax incentive for activities in R&D&I. It is the principal lever that the State has to stimulate and attract private investment in innovation.
The principles that should govern fiscal incentives for innovation to be effective are: administrative simplicity, reducing frictions and interpretive controversies; immediacy, so that it speeds up the decision of companies in executing the investment; legal certainty, with stable and verifiable criteria that avoid future controversies and litigation so that companies can project their investment decisions over time with guarantees; and effective monetization, to ensure the necessary liquidity for those companies that, being intensive in innovative activities, lack sufficient benefits to take full advantage of the generated tax incentive.
“The tax incentive for R&D&I activities is the main lever the State has to stimulate and attract private investment in innovation”
A este respecto, España cuenta con un razonable marco de incentivos para las actividades de I+D+i, con hasta 59 céntimos de retorno potencial por cada euro invertido en I+D. Prueba de ello es que los informes motivados que emite el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han crecido desde 4.414 en 2014 hasta 11.085 en 2024, último dato oficial del que disponemos. Sin embargo, diferentes estudios destacan también nuestro sistema como uno de los más revisionistas.
En efecto, el sistema presenta diversas limitaciones estructurales. Entre ellas, la complejidad técnica para acreditar las actividades de I+D+i y los costes de cumplimiento. Asimismo, el régimen necesita actualizarse: seguimos con una definición fiscal anticuada, no acorde con la realidad tecnológica actual, insuficientemente adaptada al software, la IA y los nuevos modelos de innovación. Además, existe todavía una diferencia significativa entre las deducciones generadas y las efectivamente aplicadas debido a la incapacidad de las empresas para beneficiarse de forma real del incentivo. Se genera, además, una creciente incertidumbre como consecuencia de las comprobaciones tributarias, llevadas a cabo incluso una vez que las inversiones están ya realizadas, lo que sume a muchas empresas en una inseguridad jurídica que resulta disuasoria. Tengamos en cuenta que, para compañías multinacionales, la confianza en un marco jurídico e interpretativo seguro es prioritaria a la hora de decidir dónde localizar sus inversiones.
Las empresas que invertimos en proyectos estratégicos de innovación en España desde hace décadas conocemos bien los argumentos que tenemos para traer dichas inversiones generadoras de riqueza, conocimiento y empleo a nuestro país. Pero también sabemos en qué aspectos debemos mejorar para ser más competitivos frente a los países que están acelerando en la carrera de la innovación. De ahí que planteemos algunas medidas como las que detallamos a continuación.
Actualizar la definición de I+D+i
La definición vigente incorpora el concepto de “software avanzado”, pero mantiene incertidumbre técnica y fiscal sobre su encaje práctico y no refleja plenamente la realidad de los proyectos actuales, fundamentalmente la IA. Por ello, proponemos adaptar esa definición fiscal y eliminar las restricciones prácticas al software cuando sea parte sustancial de proyectos de IA, modelos predictivos, algoritmos o automatización avanzada. Asimismo, sería necesario que se alineen los criterios de calificación con el ciclo real del desarrollo tecnológico: datos, entrenamiento, validación, integración y despliegue de soluciones avanzadas.
Mejora del régimen de monetización
La monetización de incentivos fiscales (o cashback fiscal) permite a las empresas optar por anticipar el valor económico de las deducciones por I+D+i generadas cuando no poseen suficiente cuota íntegra en el Impuesto sobre Sociedades para aplicar el importe del incentivo generado en su totalidad. Esta decisión obliga, sin embargo, a renunciar a un 20% de la deducción generada, limita el importe máximo de la monetización a tres millones de euros (cinco millones en algunos casos) y se requiere a la empresa el mantenimiento de la plantilla contratada durante al menos los tres años siguientes.
“Proponemos eliminar las restricciones prácticas al ‘software’ cuando sea parte sustancial de proyectos de IA, modelos predictivos, algoritmos o automatización avanzada”
Con el fin de hacer más flexible este régimen, estimular a las empresas y equipararnos con regímenes más atractivos en países de nuestro entorno, nuestra propuesta consiste en reducir la pérdida del 20% al 10%, incluso eliminarla; elevar el límite actual a 10 millones de euros, lo cual supondría un impulso esencial a las decisiones de inversión de gran calado; y atenuar los requisitos de mantenimiento del empleo, en el marco de un mercado laboral altamente cualificado y cada vez más flexible.
Un régimen de “financiación privada compartida”
Además de acortar plazos y facilitar una recuperación más inmediata del crédito fiscal, sería recomendable complementar dicho sistema con un régimen en el que la financiación privada apoye las iniciativas innovadoras de empresas. Sugerimos un sistema en el que tanto el financiador como el desarrollador de la actividad innovadora resulten beneficiados, similar al que rige ya en los territorios forales.
De acuerdo con dicho régimen, el financiador aporta fondos para sufragar total o parcialmente el proyecto ejecutado por el desarrollador. Este, que posee recursos financieros limitados, cede al financiador el aprovechamiento de la deducción generada sin obligación de devolución de las cantidades financiadas. Se generaría, a su vez, un ecosistema de cooperación entre empresas que incentivaría una economía intensiva en actividades de I+D+i.
Mayor seguridad jurídica
Cuando hablamos de grandes proyectos innovadores y transformadores, toda apuesta que haga una empresa conlleva un riesgo. Pero, más allá de la incertidumbre que depare el mercado, es necesario minimizar la incertidumbre administrativa y legal.
Por ello, sería necesario establecer una certeza sobre el alcance de los informes motivados que emite el Ministerio de Ciencia en los proyectos de I+D+i que le son presentados para su certificación. Esa certeza debe abarcar no solamente los aspectos técnicos (calificación como I+D o como IT), sino también los aspectos económicos (cuantificación de bases y gastos elegibles), de forma que resulten vinculantes para la Agencia Tributaria, eliminando cualquier litigiosidad futura que desincentive la actividad innovadora.
“Más allá de la incertidumbre que depare el mercado, es necesario minimizar la incertidumbre administrativa y legal”
A lo que aspiramos, en definitiva, es a un incentivo fiscal a las actividades de I+D+i adaptado a la economía actual, digital, monetizable, financiable y no neutralizado por regulaciones restrictivas o excesos revisionistas. Y, más allá, a asentar un marco fiscal estable y predecible que acompañe de manera efectiva a la transformación tecnológica en la que estamos inmersos y nos impulse para ser actores principales de ella.
