La política económica europea operó durante mucho tiempo bajo la convicción de que era viable preservar la prosperidad económica externalizando la producción industrial a costes más bajos. Las sacudidas geoeconómicas recientes (la pandemia, las crisis energéticas por las guerras de Ucrania e Irán y la política comercial y de subsidios de Estados Unidos y China) han liquidado ese consenso. Hoy resulta evidente que el futuro europeo pasa por la reindustrialización de la economía.
El diagnóstico sobre la competitividad comunitaria elaborado por Mario Draghi para la Comisión Europea en 2024 puso cifras a la gravedad de la desindustrialización. La Unión Europea afronta una brecha de inversión de hasta 800.000 millones de euros anuales, entre el 4,4% y el 4,7% del PIB comunitario. Y merece mención aparte que solo cuatro de las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo sean europeas.
A ello se suma una asimetría de costes crítica: las industrias europeas soportan costes energéticos muy superiores a los de sus competidoras globales. En esta desventaja financiera y operativa se enmarca la pérdida de densidad manufacturera de los últimos años. Revertir esta tendencia resulta inaplazable para preservar nuestro modelo económico y nuestro liderazgo en el mundo.
“Las industrias europeas soportan costes energéticos muy superiores a los de sus competidoras globales”
Con este objetivo, beBartlet y Agenda Pública promovemos el Simposio de Reindustrialización, una ventana estratégica para poner sobre la mesa cómo, de la mano de los sectores público y privado, se puede revertir esa tendencia. Por ello, el Simposio será el espacio en el que presentaremos las 10 propuestas para transformar la industria española junto a algunos de los representantes de las principales compañías españolas y atendiendo a las prioridades de los principales decisores públicos de nuestro país. El resultado de las elecciones del 29N será, de nuevo, una oportunidad para abordar los nudos estructurales que condicionan la competitividad de España. No hay tiempo que perder.
Diagnóstico del tejido productivo: solvencia de base y brechas de escala
España acude a este examen desde una posición propia. Aunque la economía ha crecido de forma sostenida en los últimos años y contamos con recursos energéticos que nos aíslan de las crisis, el peso general de la industria en el PIB sigue siendo bajo en comparación con las principales economías europeas y seguimos lastrados por carencias que limitan el desarrollo de todo nuestro potencial.
De acuerdo con la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria generó en 2025 en torno al 14,0% del producto interior bruto (PIB) y el 15,4% del valor añadido bruto (VAB), lejos del objetivo del 20% del PIB que la Comisión Europea fijó en 2012. Si se mira solo la industria manufacturera, a la que suele referirse esa meta, el peso baja al 11,8% del VAB, según la Fundación BBVA con datos de 2024. Esta distancia no es un mero desajuste cuantitativo, porque supone renunciar a una fuente insustituible de estabilidad laboral y bienestar social. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, el sector da trabajo a cerca de tres millones de personas, con una tasa de contratación indefinida superior al 80% [fuente] y una productividad media un 37% superior a la del resto de la economía [fuente]. Además, las manufacturas concentran el 84% de las exportaciones de bienes (con datos de 2022).
“El peso general de la industria en el PIB sigue siendo bajo en comparación con las principales economías europeas”
Sin embargo, los análisis de distintos organismos identifican claros frenos al desarrollo. El primero radica en la marcada atomización del tejido empresarial. Las pymes son el 99,8% de las empresas españolas, con un claro predominio de la microempresa, y el Banco de España calcula una penalización de productividad superior a los veinte puntos respecto a economías como la alemana [añadir informe y año]. Esta reducida escala dificulta la absorción tecnológica y restringe la financiación a largo plazo. A ello se suma la persistente brecha en investigación y desarrollo (I+D): el gasto en España alcanzó en 2024 el 1,50% del PIB según el INE, lejos de la media comunitaria (2,26%) y de Alemania (3,12%), según Eurostat.
A estas limitaciones de partida se añade la dificultad para financiar y escalar proyectos industriales pioneros hasta su primera planta comercial. Mientras en jurisdicciones como la estadounidense existen canales fluidos de coinversión para proyectos innovadores intensivos en capital, en nuestro entorno muchas iniciativas transformadoras quedan encalladas en la fase de prototipo. Este escollo se ve agravado por la lentitud y complejidad en la tramitación administrativa, un cuello de botella advertido de forma reiterada por la OCDE que dilata durante años el despliegue de inversiones estratégicas y proyectos de producción de nuevas energías.
Más inversión en nueva infraestructura, mejor acceso a la red y debate sobre la vida útil nuclear
El factor energético se ha convertido en uno de los elementos más determinantes. España tiene la posibilidad de aumentar su potencial geopolítico produciendo energía en nuestro país a un coste predecible, en muchos casos más reducido que la alternativa importada. En el ámbito eléctrico, España goza de una ventaja innegable: más de la mitad de la generación ya es renovable (el 55,5% en 2025, según Red Eléctrica), y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) proyecta elevar esa cuota al 81% para 2030.
No obstante, esta abundancia choca con la gestión del acceso a la red eléctrica y la inversión en nueva infraestructura. Coexisten consumidores con capacidad otorgada que no la utilizan en la magnitud prevista con numerosos proyectos que ven denegada su conexión por falta de capacidad en la red. Esta rigidez obliga a desaprovechar parte de la energía generada, lo que evidencia un claro cuello de botella.
Es clave que la capacidad de acceso esté en manos de los proyectos maduros y que las redes puedan ampliarse para dar servicio a proyectos industriales, nuevos consumidores y la electrificación del transporte o los puertos. La paradoja resulta evidente: sin las redes eléctricas ejecutadas en plazo, la ventaja de una generación propia y más barata jamás llegará a la industria.
“Sin las redes eléctricas ejecutadas en plazo, la ventaja de una generación propia y más barata jamás llegará a la industria”
A las barreras de la inversión necesaria en infraestructuras y de la regulación del acceso a la red se suma la vulnerabilidad ligada al riesgo de precio de la energía. Las plantas manufactureras afrontan una severa exposición a la volatilidad de los precios, en los cuales cada vez tienen más peso los costes auxiliares o de servicios de operación que los del mercado mayorista.
Los servicios de operación han costado a los consumidores 4.360 millones de euros este año hasta mediados de octubre, un 41% más que en el mismo periodo de 2025, con una media de 22,4 euros por megavatio hora. Son los datos del Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, del que forman parte las patronales eléctricas, la gran industria electrointensiva y la CEOE.
El elevado peso de los costes de los servicios de operación, un componente 100% volátil que no se puede cubrir, impide que la industria pueda contar con precios predecibles a largo plazo. La incertidumbre derivada de estos costes, con una acusada variación mensual, añade una prima de riesgo que no existe con la misma intensidad en otros socios europeos.
En el contexto del impulso a la electrificación y a la generación de energía autóctona, sigue pendiente el debate sobre la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, capaces de aportar electricidad de carga base a precios estables y con bajas emisiones de carbono. La reciente prórroga de la central de Almaraz evidenció la dificultad de prescindir de una electricidad autóctona, gestionable y que genera un gran impacto social positivo en el territorio. La decisión sobre el resto del parque es parte también de la reflexión sobre cómo impulsamos la reindustrialización.
Hidrógeno: nuevos combustibles y la oportunidad para la autonomía de la industria
La electrificación no es la única vía para ganar autonomía y competitividad industrial. Sectores indispensables para la economía, como la siderurgia, el refino, la química, el cemento o la cerámica, demandan calor de altas temperaturas o utilizan como materia prima productos energéticos importados. Para estos procesos, el acceso a moléculas verdes y combustibles hipocarbónicos (como el hidrógeno bajo en carbono, el biometano y los combustibles sintéticos) constituye una vía para acceder a energía producida en Europa y, además, reducir la exposición de estos sectores a los mercados internacionales de gas y petróleo y al mercado europeo de derechos de emisión de CO₂.
Sin embargo, el despliegue de estos vectores se halla en fases iniciales y afronta su curva de aprendizaje económica. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de los Reguladores de la Energía (ACER) sitúa el coste del hidrógeno renovable en torno a 8 euros por kilogramo en Europa, con un rango de entre 7 y 10 euros según el país. Con precios del gas altos, como los actuales, la distancia con el hidrógeno gris se estrecha, pero en su último informe, con el gas más barato, ACER lo estimaba unas cuatro veces más caro. La transición a estos nuevos combustibles exige regulación y soporte financiero para evitar que sea un lastre para la rentabilidad industrial.
“La electrificación no es la única vía para ganar autonomía y competitividad industrial”
De forma similar, el aprovechamiento del potencial técnico del biometano en España para utilizar residuos agrícolas y reducir la importación de energía se encuentra frenado por retrasos regulatorios y de tramitación de plantas de inyección. Sin mecanismos que faciliten el desarrollo de las instalaciones, no materializaremos el potencial de esta energía, también autóctona y con potencial de aumentar la cohesión territorial y la circularidad del sector agroganadero.
La exigencia de certidumbre: España se la juega
Estos desafíos demuestran que la reindustrialización requiere una mirada estratégica a largo plazo. Las inversiones se deciden con horizontes de amortización de quince a treinta años y requieren marcos regulatorios estables, fiscalidad predecible y un sistema formativo alineado con la nueva manufactura. Y el Simposio de Reindustrialización de beBartlet y Agenda Pública busca, en definitiva, proponer soluciones en un momento decisivo.
“Las inversiones se deciden con horizontes de amortización de quince a treinta años y requieren marcos regulatorios estables, fiscalidad predecible y un sistema formativo alineado con la nueva manufactura”
La envergadura de los obstáculos energéticos, administrativos y de escala que arrastra España exige una alianza estable entre el sector público y el privado que aporte certidumbre y estabilidad normativa a largo plazo. España tiene un sector privado decidido a alcanzar el objetivo de que la industria represente el 20% del PIB y a asegurar la autonomía económica del país en las próximas décadas. De la conversación entre instituciones y empresas dependerá el futuro inmediato de España.
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