España afronta simultáneamente dos transformaciones estructurales: la transición hacia una economía descarbonizada y el desequilibrio demográfico y laboral derivado del envejecimiento poblacional. Ambas dinámicas se abordan habitualmente por separado, pero sus intersecciones son, en realidad, una de las mayores oportunidades estratégicas para el país.
Por un lado, según estimaciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, como consecuencia de esta transición se crearán hasta 560.000 empleos para 2030. Esto implica que España necesita cientos de miles de trabajadoras y trabajadores adicionales para cubrir la demanda de sectores vinculados a la transición energética, como las energías renovables, la rehabilitación energética, la movilidad y el consumo sostenibles, la agricultura baja en emisiones, la economía circular o la gestión del agua. Por otro lado, la evolución del mercado laboral muestra la creciente dependencia de la economía española del empleo de personas de origen extranjero. Según el Banco de España, entre 2022 y 2024 esta población aportó 0,7 puntos al crecimiento total del 3% del PIB per cápita, casi el doble que en el periodo anterior. Al mismo tiempo, datos del reciente informe del Consejo Económico y Social (CES) Realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas indican que, desde 2019, tres de cada cuatro nuevos empleos creados en España han sido ocupados por personas migrantes.
Además, tal y como señala con claridad el CES, la migración no es un fenómeno residual, sino un componente “estructural y decisivo” para el crecimiento demográfico, económico y social de España. En este sentido, son más de 7,3 millones las personas nacidas en el extranjero que residen en España (una de cada cinco personas de la población total), cuya contribución es esencial para sostener la población activa y el Estado de bienestar. Al mismo tiempo, la emigración juvenil continúa siendo muy elevada y la tasa de fecundidad es la más baja de la UE. Sin la inmigración, alerta el informe, España se enfrentaría a “desequilibrios demográficos graves”. Por ello, se vuelve ineludible abordar la migración en el debate social más allá del desafío en materia de integración, considerándola como un vector estratégico de prosperidad económica y de sostenibilidad social.
Por otro lado, España es uno de los países europeos donde la percepción social de la inmigración es más abierta y pragmática. Según datos del estudio de More in Common La sociedad española y la inmigración, solo un 30% de la población en España la considera una amenaza, frente a cifras sensiblemente mayores en Francia o Alemania (35% y 39%, respectivamente). Para la mayoría de la población, la inmigración es una necesidad que debe gestionarse. Esta matización abre un espacio político valioso para construir consensos orientados a resultados, alejados de la batalla cultural. En esta línea, More in Common advierte de que apostar por la gestión eficaz de la migración y la contribución de las personas migrantes a la economía española es un discurso que está generando amplios consensos.
“Trabajar en una transición energética inclusiva, que incorpore y potencie el talento migrante, es un motor de crecimiento, productividad y soberanía económica”
La clave —y la oportunidad— reside en conectar ambas transformaciones. Trabajar en una transición energética inclusiva, que incorpore y potencie el talento migrante, es un motor de crecimiento, productividad y soberanía económica, una inversión estratégica. Como señalan los datos del INE, una parte creciente de la población migrante que llega a España está altamente formada. El porcentaje con estudios superiores ha pasado del 17,8% al 27% en poco más de una década, pero su potencial está infrautilizado, como demuestra la sobrecualificación, que alcanza el 54%, la quinta más alta de Europa, casi veinte puntos por encima de la media de la población española.
En conclusión, España recibe talento, pero no lo activa plenamente. Y en un contexto donde la transición energética requiere más ingenieros, técnicos, instaladores y especialistas en eficiencia energética, esta desconexión es un lujo que el país no puede permitirse.
Para que la transición energética se traduzca en una verdadera oportunidad de inclusión social y prosperidad económica, es necesario crear las condiciones que permitan aprovechar el potencial de la población migrante y reducir las barreras que limitan su contribución.
En primer lugar, la transición energética abre oportunidades reales de empleo para la población migrante en sectores de alta demanda, como la instalación fotovoltaica, la rehabilitación energética de edificios, la economía circular o la gestión de residuos. Muchas de las personas migrantes cuentan con experiencia previa, competencias técnicas y conocimientos relevantes para estos ámbitos, que pueden facilitar su inserción y la mejora de sus condiciones de vida. Sin embargo, este potencial sigue infrautilizado. Es por ello que diseñar itinerarios de inserción que incluyan mecanismos de recualificación adaptados y conectados con las necesidades de la transición energética resulta clave para convertirla en un puente efectivo hacia el empleo.
En segundo lugar, para que las personas migrantes puedan contribuir con su trabajo a la transición energética, se requiere su integración efectiva en la sociedad española. El empleo es un factor de integración, pero no suficiente. Otros factores, como la estabilidad residencial, el acceso a energía asequible, la movilidad sostenible o la regularización administrativa, influyen de forma decisiva en la integración efectiva de las personas migrantes. En este sentido, la irregularidad administrativa, las dificultades para homologar títulos, el encarecimiento de la vivienda o el diseño excluyente de algunas ayudas limitan tanto la participación plena en la sociedad y en el mercado de trabajo como su contribución a la transición energética. Superar estas barreras exige un enfoque integral y políticas públicas diseñadas desde la inclusión.
Ante estos obstáculos, las organizaciones sociales desempeñan un papel esencial como puente entre administraciones, empresas y personas migrantes, facilitando el acceso a derechos, reduciendo obstáculos administrativos y acompañando los procesos de inserción. Allí donde existe colaboración estable entre administraciones y tercer sector, la integración resulta más viable y sostenible.
“Avanzar hacia una transición energética que aproveche el talento migrante requiere intervenciones de inclusión concretas”
Por último, avanzar hacia una transición energética que aproveche el talento migrante requiere intervenciones de inclusión concretas. Entre ellas, destacan los itinerarios de empleo alineados con la demanda productiva, la formación práctica y flexible, el acceso a mejoras de eficiencia energética que reduzcan el coste de la vida y las soluciones de movilidad adaptadas al territorio.
Estas vías de intervención evidencian que aprovechar el talento migrante mediante políticas bien diseñadas no solo contribuye a la inclusión, sino que permite cubrir vacantes en los sectores de transición energética, mejorar la productividad y contribuir a la prosperidad económica.
Experiencias que anticipan el futuro
El binomio migración-transición energética no parte de cero. Son varias las experiencias que muestran que la integración y la contribución de las personas migrantes en la transición energética no es una hipótesis, sino una realidad incipiente allí donde las políticas, los proyectos y los actores implicados logran conectar formación, empleo y condiciones de vida favorables.
El estudio Migración y clima. Retos y oportunidades en la transición ecosocial, realizado por Red2Red, identifica experiencias formativas que funcionan cuando están estrechamente conectadas con necesidades concretas del sector verde. Proyectos como Green at You de Acción Contra el Hambre, EmpléaTe Verde de ECODES, HUB Empleo Verde de Fundación Konecta o los itinerarios de formación en empleo verde de CEAR incluyen itinerarios prácticos en ámbitos como la instalación fotovoltaica y la eficiencia energética. Escuela de la Tierra de Educatierra ofrece formación en agricultura ecológica y regenerativa en entornos rurales, vinculada a inserción laboral y regularización. En estos ejemplos, la formación se acompaña de aprendizaje aplicado, certificación de competencias y, en algunos casos, conexión directa con empresas.
Un caso de éxito particular es el modelo de las microcredenciales, aplicado en el proyecto Green at You, que ofrece experiencias de aprendizaje breves (máximo 150 horas) orientadas a la acreditación de competencias clave, certificadas digitalmente. Sus ventajas entre los proyectos analizados han sido facilitar el acceso de personas migrantes a sectores como la instalación fotovoltaica, la eficiencia energética o la gestión ambiental, y acreditar rápidamente competencias y aprendizajes específicos, flexibles y alineados con las necesidades del mercado, sin esperar largos procesos de homologación.
Testimonios de los organizadores y de los participantes de las formaciones destacan que las microcredenciales abren una vía innovadora para acelerar la inserción sociolaboral en sectores vinculados a la transición energética. En primer lugar, permiten acceder a formación técnica breve y reconocida incluso a quienes no han podido homologar sus títulos o no cuentan con estudios formales completos. En segundo lugar, conectan la formación no formal con las necesidades reales de las empresas, ofreciendo una acreditación válida que mejora la empleabilidad inmediata y, al mismo tiempo, abre la puerta a continuar estudios superiores en el futuro.
“Porque con todas estas diferencias que tienen de homologar su titulación, el poder tener acceso a una microcredencial, porque es micro precisamente, te permite formarte rápidamente en algo que tú necesitas para luego pagar el alquiler, tener ingresos y que a lo mejor con la titulación que traes no es posible”, explica un profesional de Green at You.
“Las microcredenciales acortan la distancia entre oferta y demanda laboral, beneficiando tanto a empresas como a trabajadores”
Finalmente, este proyecto evidencia la necesidad de sensibilizar a las empresas sobre el valor y la validez de estas acreditaciones, desconocidas para la gran mayoría, ya que su reconocimiento facilita la contratación y reduce barreras administrativas que aún dificultan la incorporación de personas migrantes al mercado laboral. En definitiva, las microcredenciales acortan la distancia entre oferta y demanda laboral, beneficiando tanto a empresas como a trabajadores.
Lo que subyace a estos ejemplos es que la formación sin acompañamiento muchas veces no es suficiente. Las iniciativas con mejores resultados no se limitan a ofrecer formación, sino que incorporan acompañamiento continuo, orientación laboral e intermediación con empresas. Este enfoque mejora la adecuación entre perfiles y puestos de trabajo y genera mayor confianza, tanto en las personas migrantes como en los empleadores.
El estudio también recoge experiencias que fomentan la participación activa de las personas migrantes en el diseño de políticas y acciones de transición energética, especialmente a escala local. El proyecto piloto AGORA Zaragoza, coordinado por la Fundación Ibercivis, es una experiencia referente de participación comunitaria en el diseño de políticas de transición justa. En ella se involucra a personas migrantes de diversos orígenes para recoger sus perspectivas y cocrear soluciones de adaptación climática, identificando brechas, experiencias y metodologías para una participación inclusiva y efectiva. El proyecto ha demostrado que una transición justa es posible cuando todas las personas, especialmente las que tienen más riesgo de quedarse fuera, se convierten en agentes activos de transformación social.
Enfoque integral de la transición energética
Finalmente, el estudio advierte sobre otros muchos programas destinados a fomentar la transición ecológica que no incorporan la perspectiva de la población migrante. Por ejemplo, instrumentos para el fomento de la movilidad sostenible que no llegan a personas migrantes por barreras administrativas, programas de rehabilitación que excluyen de facto a inquilinos y personas vulnerables, o itinerarios de inserción que funcionan, pero no tienen continuidad ni encaje estructural en las políticas sectoriales.
En cambio, las intervenciones integrales de organizaciones como CEAR, Provivienda o ECODES en formación y empleo, reforzadas por mejoras en las condiciones de vida —como la estabilidad residencial, la reducción de la pobreza energética o un acceso más asequible a la movilidad—, generan impactos más duraderos. Aunque estas dimensiones suelen abordarse desde programas distintos, el análisis muestra que combinarlas dentro de una misma entidad o articular alianzas para integrarlas resulta clave para una inclusión efectiva en la transición energética.
Cuando se diseñan políticas con perspectiva inclusiva e integrada, la transición energética no es un coste, sino una palanca de crecimiento y prosperidad económica.
España puede liderar el modelo de crecimiento y prosperidad económica si integra, no si excluye
España se encuentra en una posición singular en Europa. Cuenta con una percepción social de la inmigración menos polarizada, recibe una población migrante cada vez más cualificada y necesita con urgencia mano de obra para sostener el crecimiento demográfico necesario y el Estado de bienestar, y aprovechar la oportunidad que ofrece la transición energética como motor de crecimiento y prosperidad. Además, ha demostrado capacidad para innovar en políticas de inclusión y en experiencias impulsadas desde el tercer sector.
El desafío es también de coordinación en el marco de la transición justa. El estudio de Red2Red muestra una brecha persistente entre las políticas climáticas y los ecosistemas sociales que trabajan con población migrante, así como una falta de coordinación entre la comunidad climática, el movimiento por los derechos de las personas migrantes y el movimiento antirracista. Superar esta fragmentación y reconocer el papel clave del tercer sector como puente entre personas, empresas e instituciones es una condición necesaria para que la transición energética genere impactos reales y sostenidos.
“Una transición inclusiva fortalece la confianza, reduce desigualdades y refuerza el sentido de pertenencia”
Si España reduce barreras estructurales, acelera el reconocimiento de capacidades y apuesta por instrumentos flexibles como las microcredenciales, puede convertir la transición energética no solo en un vector de productividad y competitividad, sino también en una palanca de cohesión social y territorial. Una transición inclusiva fortalece la confianza, reduce desigualdades y refuerza el sentido de pertenencia, elementos imprescindibles para sostener el cambio a largo plazo.
La transición energética inclusiva no es solo más justa, es más eficaz. Una gestión inteligente de la migración no es solo una cuestión de tolerancia, sino de estrategia económica y social. En un contexto europeo marcado por la competencia por el talento, la autonomía energética y la capacidad industrial, España parte con una ventaja comparativa clara: la diversidad ya está aquí. Lo que falta es ponerla en valor y dotarla de los mecanismos necesarios para que se constituya en un agente de cambio transformador.
