One year after the Turnberry trade agreement, by which the European Commission accepted the imposition by the United States of general tariffs of up to 15%, also reducing European duties on American industrial goods, the European executive continues to defend that this was the best possible deal among all the bad options that could have been on the table. The reality is that, as the first anniversary of that pact sealed by Ursula von der Leyen and Donald Trump on a golf course owned by the American president in Scotland approaches, the European Union has obtained much less predictability than desired.
The Commission spent the last days of the previous week waiting for the extension of the general tariffs by the American Administration, which had expired last Friday. EU spokespersons have insisted in recent days that they had the verbal commitment from the Trump Administration that the tariffs would meet that basic principle agreed at Turnberry of a ceiling of 15%. But the reality is that one year after the pact, and although Brussels insists that it has allowed a framework of stability that has in fact somewhat increased European exports to the U.S. market, the Commission does not have a firm guarantee that the White House will uphold an agreement that has already been ratified on the EU side, but not on the U.S. side.
“The Commission does not have a firm guarantee that the White House will respect an agreement that has already been ratified by the European Union side, but not by the United States side.”
The noise surrounding the decision this past Thursday to announce the 890 million euro fine on Google for breaches of several elements of the Digital Markets Act (DMA) is merely another example of the distrust that remains about how Trump will react to measures such as imposing sanctions for not complying with European regulations.
“The Commission does not have a firm guarantee that the White House will respect an agreement that has already been ratified by the European Union side, but not by the United States side.”
La Commission Europea también ha agachado la cabeza y aceptado que EE. UU. vaya a imponer nuevos aranceles a las exportaciones de todo el mundo hacia el mercado estadounidense bajo el argumento de que sus socios comerciales no están haciendo lo suficiente para luchar contra el trabajo forzoso. “No estamos de acuerdo con las conclusiones sobre el trabajo forzoso, y así se lo hemos dejado muy claro a nuestros homólogos de Estados Unidos”, señaló la semana pasada una fuente comunitaria que, sin embargo, dejó claro que Bruselas evitaría el choque siempre y cuando los nuevos aranceles respeten el techo del 15% acordado en Turnberry. Además, el Ejecutivo comunitario está teniendo que seguir con atención otra investigación por parte de las autoridades americanas, que acusan al sector farmacéutico alemán de estar imponiendo a los consumidores estadounidenses precios artificialmente altos.
El acuerdo se basó en tres pilares. El primero es que era una forma de garantizar el apoyo de EE. UU. a Ucrania frente a Rusia, un argumento que poco a poco ha ido disipándose. El segundo fue que un arancel del 15% era comparativamente más bajo que aquellos a los que se enfrentaban los competidores de la Unión Europea. Y, por último, que el acuerdo, por malo que pudiera parecer, daba a las empresas europeas un marco de estabilidad.
Un año después, el argumento de la estabilidad se ha esfumado. La estabilidad es, en el mejor de los casos, relativa: la Comisión argumenta en público que hoy la situación es mucho más estable de lo que habría sido sin el pacto de Turnberry, pero eso no significa que se haya conseguido dicho objetivo. El acuerdo sigue basándose, por el lado americano, en promesas, mientras el Tribunal Supremo ha demostrado que el andamiaje legal que había usado la Casa Blanca era muy frágil. Trump, por su parte, no ha cesado en sus amenazas: ha atacado a varios Estados miembros por separado, y también anunció aranceles, aunque luego no se impusieron, contra los países que quisieron respaldar a Dinamarca cuando el presidente de los EE. UU. llegó a coquetear con la idea de hacer uso de la fuerza para hacerse con Groenlandia.
“El acuerdo sigue basándose, por el lado americano, en promesas, mientras el Tribunal Supremo ha demostrado que el andamiaje legal que había usado la Casa Blanca era muy frágil”
El único argumento que se sostiene es el valor del techo del 15%. Y a los dos lados del Atlántico hay dudas sobre cuánto tiempo va a resistir. Más allá de investigaciones como la lanzada contra Alemania, Washington ha apuntado a los Estados miembros que cuenten con impuestos digitales. Matthias Jorgensen, director general adjunto de Comercio en la dirección general del ramo, ha admitido durante una audiencia con eurodiputados que la relación con EE. UU. “seguirá siendo volátil”.
La Comisión Europea tiene herramientas, dentro del acuerdo de Turnberry, para responder en caso de que EE. UU. rompa sus compromisos adquiridos. Pero el precio a pagar es altísimo. Eso también ejerce presión sobre el techo del Ejecutivo comunitario, y no sobre el de la Casa Blanca o el del Departamento de Comercio, que tienen muchos incentivos para comprobar los límites del acuerdo con la UE y testar hasta qué punto está la Comisión dispuesta a defender el pacto.
Sabiendo que la situación es inestable, como admite Jorgensen, y que EE. UU. no es un socio fiable en estos momentos, por mucho que se haya defendido que Turnberry lo convierte en uno, la Comisión Europea también trata de mover ficha y tener algo de iniciativa para obtener alguna victoria. Recientemente, el Departamento de Comercio ha enviado a Washington una lista de bienes cuyas exportaciones, valoradas en unos 115.000 millones de euros, podrían recibir una reducción de aranceles por parte de EE. UU., una lista que fuentes comunitarias explican que está equilibrada con el objetivo de que todos los Estados miembros reciban parte del impacto positivo de un potencial acuerdo al respecto.
