Jorge Basadre, el gran historiador de la República peruana, entendió al Perú como “problema y posibilidad”. Esa fórmula vuelve a iluminar el momento actual. La elección presidencial decidió que Keiko Fujimori ocupe el Palacio de Gobierno y dejó a la vista, una vez más, el tamaño del problema peruano: un país donde conviven legalidad electoral y legitimidad política frágil; crecimiento posible y ciudadanía incompleta, e instituciones formales y una república que aún no llega por igual a todo su territorio.
Keiko Fujimori ganó la presidencia, aunque está lejos de ser un mandato amplio. Esa es la primera consecuencia política del resultado. Su desafío central no será derrotar a la mitad del Perú que votó en contra, sino gobernar una república partida entre autoridad legal y legitimidad social. En democracia, ganar basta para asumir el poder, pero no es suficiente para gobernar bien.
“El desafío central de Fujimori no será derrotar a la mitad del Perú que votó en contra, sino gobernar una república partida entre autoridad legal y legitimidad social”
La segunda vuelta dejó un país dividido casi por la mitad. Fujimori se benefició del voto urbano, del voto exterior y de los sectores que priorizan orden, seguridad y estabilidad económica. El candidato Roberto Sánchez recogió buena parte del malestar rural, andino y amazónico, así como el rechazo acumulado contra Lima, el fujimorismo y un sistema político visto por muchos como cerrado sobre sí mismo. El mapa no es nuevo. Sin embargo, es peligroso el hecho de que reaparezca con la sensación de que dos países votan en una misma elección sin reconocerse dentro de una misma república.
Una victoria legal no garantiza legitimidad social
Quienes perdieron tienen por delante una tarea difícil: aceptar el resultado sin convertir la derrota en agravio permanente. En una democracia, una elección ajustada no debería romper el sistema. Lo decisivo es que las reglas se apliquen con transparencia, que las impugnaciones se resuelvan conforme a derecho y que los actores políticos no siembren dudas sin pruebas. Perú ya conoce el daño que causa una narrativa de fraude sostenida más por necesidad política que por evidencia. Si los perdedores no aceptan perder, el sistema entero paga el costo.
A este respecto, la responsabilidad de los vencedores es importantísima y consiste en no confundir una victoria estrecha con un cheque en blanco. El fujimorismo llega a este momento después de años de polarización en torno al apellido más divisivo de la política peruana contemporánea. Presentar la victoria como absolución histórica sería una tentación —y un error—.
El apellido Fujimori carga dos memorias a la vez. Para algunos peruanos, evoca orden, derrota del terrorismo y estabilidad económica. Para otros, autoritarismo, corrupción y violaciones graves de derechos humanos. Esa dicotomía tan presente en el país no va a desaparecer tras la proclamación electoral. Por eso, el principal deber democrático de la presidenta Fujimori será demostrar, desde el primer día, que entiende los límites del poder. No bastará con decir que respetará la democracia. Tendrá que probarlo en los nombramientos, en la relación con el Congreso y la prensa, en la política de seguridad y en el respeto a los órganos de control.
Seguridad y economía: las primeras pruebas del nuevo Gobierno
La seguridad ciudadana será probablemente el primer gran examen. Perú tiene entre manos un deterioro real de la seguridad, con crimen organizado, extorsión y miedo cotidiano. La demanda social de orden es más que legítima, pues ningún Estado puede pedir confianza si no protege a sus ciudadanos. En América Latina, la política de mano dura suele prometer respuestas rápidas a problemas complejos y, aunque es capaz de producir aplausos inmediatos, también tiene el potencial de ocasionar daños institucionales duraderos.
“El principal deber democrático de la presidenta Fujimori será demostrar, desde el primer día, que entiende los límites del poder. No bastará con decir que respetará la democracia”
Por esta razón, el nuevo Gobierno deberá fortalecer la policía, las fiscalías, la justicia, la inteligencia financiera, el control penitenciario y la cooperación internacional. También es necesario atacar economías ilegales que ya no son marginales en el país: narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, contrabando y extorsión. Pero, en este marco, la seguridad no puede reducirse a una promesa de castigo y para ello debe convertirse en una política de Estado. Eso exige capacidad, controles —para no derivar en abuso— y legalidad.
La economía será el segundo examen. Los mercados tienden a preferir continuidad macroeconómica, disciplina fiscal y señales favorables a la inversión. La victoria de Fujimori puede producir alivio inicial en sectores empresariales, pero el problema no se resuelve solo con esta primera fase. Perú adolece de una falta de crecimiento, pero, al mismo tiempo, tiene un desafío pendiente por la desconexión entre crecimiento y ciudadanía. Durante años, el país mantuvo una reputación de prudencia macroeconómica mientras acumulaba desconfianza, desigualdad territorial y precariedad institucional.
El sur rural, la sierra y la Amazonía no pueden ser tratados como territorios derrotados. Si el nuevo Gobierno mira a esas regiones solo como focos de protesta, repetirá el ciclo de distancia, represión y resentimiento. En consecuencia, la respuesta debe ser presencia estatal real: caminos, salud, educación, justicia, seguridad, agua, formalización económica y respeto a comunidades locales. El Estado peruano no necesita más discursos sobre inclusión. Necesita llegar.
“Si el nuevo Gobierno mira al sur solo como focos de protesta, repetirá el ciclo de distancia, represión y resentimiento”
Es por esto que Basadre sigue tan vigente. El Perú es “problema” porque el Estado no ha terminado de integrar a la sociedad. Sigue siendo “posibilidad” porque conserva energía cívica, capacidad económica, memoria democrática y una ciudadanía que exige más de sus dirigentes. El peligro es doble: quedarse solo con el problema o celebrar la posibilidad sin construirla.
El Congreso y la oposición ante el reto de la gobernabilidad
En el Congreso habrá un tercer examen. En Perú, su cámara baja no ha actuado solo como contrapeso y frecuentemente ha sido el protagonista de las crisis. Ha censurado a ministros, debilitado gobiernos, protegido sus intereses propios y contribuido a la percepción de que la política sirve más a los políticos que a los ciudadanos. El retorno a un sistema bicameral podría mejorar la deliberación. También podría profundizar la distancia entre instituciones y sociedad si acaba convertido en una nueva estructura para repartir poder sin rendir cuentas.
“El Congreso ha protegido sus intereses propios y contribuido a la percepción de que la política sirve más a los políticos que a los ciudadanos”
Si el fujimorismo controla una parte importante del Legislativo, tendrá una responsabilidad adicional. Durante años, Fuerza Popular fue acusada de usar su fuerza parlamentaria para bloquear, condicionar o desgastar gobiernos. Ahora ya no podrá actuar como oposición permanente porque deberá gobernar. Y eso significa responder por resultados, no solo denunciar los errores de otros.
Para Roberto Sánchez y la izquierda, la consecuencia del resultado también será profunda. Su responsabilidad opositora será ni más ni menos que defender cada voto por las vías legales y evitar que el dolor de la derrota derive en una crisis de legitimidad sin fundamento. La protesta pacífica es parte de la democracia, al igual que una impugnación legal. Pero la deslegitimación general del sistema, si no se sostiene en pruebas, erosiona la misma democracia que la oposición necesitará para competir mañana.
La izquierda peruana debe tomar una decisión de importante calado. Puede organizar una oposición democrática, territorial y seria, capaz de representar al país rural sin encerrarlo en consignas. O puede refugiarse en una narrativa de agravio que moviliza, aunque no construye. El país necesita una oposición fuerte, sin que incendie el puente institucional por el que algún día también tendrá que cruzar.
En cuanto a la comunidad internacional, esta deberá actuar con prudencia. No le corresponde decidir quién ganó. Esa labor compete a las autoridades electorales peruanas. No obstante, sí debe insistir en tres principios: respeto al conteo oficial, solución legal de impugnaciones y rechazo a cualquier forma de violencia o presión contra las instituciones electorales. La democracia peruana no necesita tutelaje externo, sino, más bien, un acompañamiento sobrio y respeto por sus procedimientos.
Fernando Belaúnde Terry entendió, en otro momento difícil, que el retorno a la democracia no consistía solo en celebrar elecciones, sino en reconstruir autoridad civil después de años de gobierno militar. Su regreso al poder en 1980 no resolvió todos los problemas del país. Ningún Gobierno podía hacerlo. Dejó, aun así, una lección que hoy vuelve a ser central: las instituciones importan más cuando la sociedad está dividida que cuando está en calma.
“La consecuencia más importante de esta elección no está solo en el nombre de quien llega a Palacio de Gobierno”
La consecuencia más importante de esta elección no está solo en el nombre de quien llega a Palacio de Gobierno. Está en la pregunta que Perú se hace una y otra vez: ¿puede el sistema político producir gobernabilidad? En la última década, el país ha cambiado de presidentes con una frecuencia que ya no puede explicarse como mala suerte. Es una falla estructural. Presidentes débiles, partidos frágiles, congresos impopulares, justicia politizada, economías ilegales en expansión y una ciudadanía cansada forman una mezcla peligrosa.
Por eso, el nuevo Gobierno no debería empezar con una agenda maximalista. El punto de partida debe ser una agenda mínima y seria: reconocer el resultado con humildad; formar un gabinete que vaya más allá del círculo partidario; proteger la independencia de los organismos electorales y de control; priorizar seguridad con legalidad; abrir una agenda territorial para el sur, la sierra y la Amazonía; y pactar con el Congreso reglas básicas de gobernabilidad. No es poco. En el Perú actual, sería mucho.
El Himno Nacional del Perú empieza con una promesa: “Somos libres, seámoslo siempre”. Aunque tiene algo de memoria patriótica, sin duda es una exigencia republicana. La libertad no se sostiene solo por haber votado. Se sostiene cuando el poder se limita, cuando la ley protege a todos, cuando el Estado llega a quienes están lejos y cuando la oposición puede seguir existiendo sin ser tratada como enemiga. El país necesita recuperar la idea básica de que el poder público existe para servir a una nación entera, no solo a la mitad que ganó. Esa es la verdadera prueba del día después.
Keiko Fujimori llega a la presidencia con una victoria estrecha, histórica y frágil que podrá usar para cerrar heridas o para profundizarlas. Podrá gobernar desde el miedo o desde la responsabilidad. Podrá ver a sus adversarios como enemigos derrotados o como ciudadanos que también forman parte del país que debe dirigir.
Basadre tenía razón. El Perú es problema y posibilidad. La elección mostró el problema. El Gobierno que empieza deberá demostrar si todavía sabe construir la posibilidad.
