Regulation (EU) 2024/1252 on Critical Raw Materials (CRMA), in force since May 23, 2024, has for the first time set binding targets for 2030: European extraction must cover 10% of the Union’s annual consumption; processing, 40%; and recycling, 25%, with no third country concentrating more than 65% of the supply of any strategic raw material. On this framework, the Commission, in March 2025, selected a first list of 47 strategic projects, with a planned investment of €22.5 billion; seven of them are located in Spain. The country thus leaves the European mining periphery and moves to a central position in the debate on the continent’s supply security for being one of the territories with the greatest mining potential.
A pesar de este potencial, el protagonismo tiene límites geológicos y riesgos geopolíticos a múltiples escalas que conviene repasar. Los estudios europeos no han identificado depósitos de tierras raras económicamente viables en la península ibérica, pese a la abundancia de otros recursos críticos. España es el segundo productor europeo de cobre, el único de estroncio y sepiolita, el primero de espato flúor y yeso y el tercero de wolframio. En marzo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el I Plan de acción para la gestión sostenible de las materias primas minerales 2026-2030, dotado con 414 millones de euros y 34 actuaciones. Incorpora el primer Programa Nacional de Exploración Minera (PNEM 2026-2030) en cinco décadas: 182 millones de euros, de los que 150 se destinan a exploración con nuevas tecnologías y 32 al aprovechamiento de residuos. La última prospección sistemática comparable databa del Plan Nacional de Minería de 1969-1970.
“Los estudios europeos no han identificado depósitos de tierras raras económicamente viables en la península ibérica, pese a la abundancia de otros recursos críticos”
No obstante, el verdadero cuello de botella para el desarrollo de la minería crítica en clave de “autonomía estratégica” en España es triple: el procesamiento y el refinado de los minerales, junto con la inversión en reciclaje; la fragmentación competencial entre el Estado y las comunidades autónomas; y la movilización social que estos proyectos generan en su contra. Este último factor ha dejado de ser una externalidad menor. En junio de 2026, El Confidencial reveló que el CNI investiga posibles maniobras chinas y rusas para boicotear los proyectos españoles de minerales críticos y tierras raras, y que los servicios de inteligencia analizan los movimientos de oposición en las explotaciones consideradas clave por Bruselas. La contestación social a la minería en España es, en su inmensa mayoría, legítima, cívica y con anclaje territorial local. Los discursos de los distintos movimientos sociales se articulan en torno a la soberanía sobre el territorio, la defensa del paisaje y la identidad, y resultan susceptibles de ser reencuadrados por actores cuyo interés no es el medio ambiente. En este artículo intentaremos esbozar un primer análisis sobre ello.
Primero, la geografía de la presión minera en España a partir del mapa que acompaña este texto; segundo, el auge de los movimientos antimineros y su articulación con marcos soberanistas, nacionalistas, de izquierda y de extrema izquierda —lo que puede denominarse un nacionalismo del territorio y del paisaje—; y tercero, los riesgos geopolíticos de la instrumentalización ideológica de la cuestión minera, con especial atención al papel de los canales prorrusos y de los discursos transnacionales iberoamericanos, muy activos en la cuestión minera por el potencial latinoamericano en este ámbito (recordemos, por ejemplo, el triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile).
Pulse sobre el mapa para hacer zoom. Mapa 1 · La cadena de suministro de minerales críticos a escala española: distribución de recursos, presión minera histórica y concentración de proyectos. Elaboración: Kartex Risk.
Geografía de la presión minera en España
La distribución minera española (ver mapa) está fuertemente marcada por una riqueza geológica relevante en buena parte del territorio. Según la Estadística Minera 2024 del MITECO —que sitúa el valor de la producción en 3.628 millones de euros, con 30.234 empleos en 2.592 explotaciones—, Andalucía concentra el mayor porcentaje del valor de la producción minera nacional, con un 33,9% (1.229 millones), seguida a distancia por Castilla y León (12%), Catalunya (11,1%) y Galicia (8,7%). No obstante, es en las materias primas críticas —cuyo valor asciende a 830 millones— donde se evidencia una mayor concentración en la oeste peninsular: Galicia, el occidente de Castilla y León y Asturias, como gran provincia metalogenética del wolframio, el estaño, el cobre y el coltán; la franja suroccidental —la faja pirítica de Huelva y Sevilla— para el cobre, el zinc y el plomo; y los enclaves de litio de Extremadura y del batolito de Cáceres. La concentración de licencias y proyectos, también en la franja oeste peninsular, evidencia los espacios que recibirán una mayor presión minera en los próximos años, siendo estos proyectos muy lentos en su ejecución.
Los siete proyectos españoles declarados estratégicos por Bruselas ponen además el foco en esta franja oeste: la Mina de Doade (Ourense) y Las Navas (Cáceres), para litio; P6 Metals y el reciclaje de Aguablanca (Extremadura), para cobalto, cobre y níquel; El Moto (Ciudad Real), para wolframio; Cobre Las Cruces (Sevilla), para cobre; y el proyecto de reciclaje CirCular (Andalucía). Esta designación, no obstante, ha reactivado los conflictos locales sobre el desarrollo económico de estos espacios, muchos de ellos cercanos a enclaves de gran valor ecológico, y ha movilizado argumentos medioambientales, patrimoniales e identitarios. La aceleración europea para la autonomía estratégica no despolitiza el conflicto; más bien, lo intensifica a escala global. Mientras en los ambientes institucionales prevalece una representación estratégica, en los territorios se despierta un sentimiento de desposesión patrimonial, por lo que resulta esencial comprender este auge de los movimientos antimineros.
El auge de los movimientos antimineros: territorio, identidad y nacionalismo del paisaje
La contestación a la minería en España no es anecdótica ni nueva, pero ha escalado en intensidad y cobertura territorial en estos últimos años. A pesar de que el CRMA acorta los plazos de permisos para los proyectos estratégicos —veintisiete meses para extracción, quince para procesamiento— y, con ello, comprime el tiempo político de la contestación local, la realidad territorial y social muestra grandes desafíos, con importantes movilizaciones que terminan por configurar un marco conflictivo creciente.
“La aceleración europea para la autonomía estratégica no despolitiza el conflicto; más bien, lo intensifica a escala global”
Un registro propio de las movilizaciones recientes documenta al menos dieciséis conflictos activos entre 2016 y 2026, que se distribuyen por casi toda la geografía peninsular y responden a claves locales. En Castilla y León destaca el “triángulo del feldespato” abulense, un proyecto tumbado por Urbanismo tras una intensa respuesta social —más de 120.000 firmas— canalizada por plataformas y agrupaciones rurales. La mina de cuarzo del nordeste de Segovia ha generado una movilización relevante de la “España vaciada”; y el uranio de Retortillo (Berkeley Minera) fue denegado por el MITECO y se encuentra hoy en arbitraje internacional ante el CIADI por 1.250 millones. En Extremadura destacan el litio de Valdeflórez (Cáceres), cuya resistencia vecinal —la plataforma Salvemos la Montaña— forzó su rediseño como proyecto subterráneo; el litio de Cañaveral; y los sondeos de la Sierra de Gata, retirados parcialmente tras la concentración del 11 de mayo de 2025 y, finalmente, rechazados por siete alcaldes.
En Galicia, el foco más intenso está en la reapertura de la mina de cobre de Touro-O Pino, promovida por Cobre San Rafael. El conflicto acumula nueve años y se asienta sobre la explotación que operó entre 1973 y 1986 y dejó escombreras sin restaurar de las que persisten filtraciones ácidas hacia la cuenca del Ulla, extremo que llevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a autorizar una misión de investigación entre 2017 y 2020. Un primer proyecto de reactivación recibió declaración de impacto ambiental desfavorable en febrero de 2020. Por otro lado, el proyecto que salió a exposición pública en noviembre de 2024 es objeto de una disputa en la que las plataformas opositoras y el BNG lo describen como sustancialmente el mismo, ampliado en 1,3 millones de metros cuadrados. Frente a esta postura, el promotor lo presenta como rediseñado a partir de más de 120 reuniones con colectivos locales y de las alegaciones anteriores, con 4,5 millones invertidos en la recuperación de aguas y la entrada de Atalaya Mining —titular de Riotinto— en el desarrollo, con una inversión prevista de 200 millones y dieciséis años de vida útil. La Xunta lo declaró proyecto industrial estratégico en junio de 2024. Por otra parte, ICOMOS ha solicitado anular los permisos al no haber mediado consulta previa sobre la afección al Camino de Santiago, lo que evidencia otro componente identitario fácilmente activable.
“El conflicto acumula nueve años y se asienta sobre la explotación que operó entre 1973 y 1986 y dejó escombreras sin restaurar de las que persisten filtraciones ácidas hacia la cuenca del Ulla”
En Navarra, la magnesita de Erdiz (Baztan) concentró a más de 2.000 personas en Elizondo frente a la potencial afectación medioambiental; en Aragón y Navarra, la potasa de Mina Muga (Geoalcali) fue paralizada cautelarmente por el TSJN por los riesgos de salinización del río Aragón. En Andalucía, los conflictos se concentran en la reapertura de Aznalcóllar —bajo la sombra del colapso de la balsa de 1998— y en Cobre Las Cruces, con el sector pesquero en alerta por la afección al Guadalquivir y a Doñana y una mina que acumula más de 6,5 millones de euros en sanciones por extracciones ilegales del acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana, reserva estratégica de abastecimiento de Sevilla. En Castilla-La Mancha, la declaración de impacto ambiental negativa de 2018 del proyecto de tierras raras de Matamulas (Quantum Minería, Ciudad Real) —motivada por la afección al hábitat del lince ibérico y a la avifauna esteparia del Campo de Montiel— fue avalada por el TSJ de Castilla-La Mancha en diciembre de 2020 bajo la presión sostenida de la plataforma “Sí a la Tierra Viva”.
Buena parte de las empresas que promueven estos proyectos es de capital extranjero. Esto sitúa la autonomía estratégica europea en una contradicción evidente: depender de inversores de fuera para intentar reducir la dependencia exterior. Es un argumento que suele alimentar el discurso sobre el extractivismo y su uso político. Salvo excepciones como el proyecto de tierras raras de Matamulas (Ciudad Real) —de Quantum Minería, con capital 100% español, pero igual de contestado en el territorio—, el mapa minero del país se mueve al ritmo de los fondos internacionales.
Hay posiciones tradicionales que son más estables. Ocurre con la canadiense Orvana Minerals en el oro y cobre de El Valle-Boinás/Carlés (Asturias) a través de su filial OroValle; con la israelí ICL Group en las minas de potasa del Bages (Barcelona); o con la también canadiense Almonty Industries en los yacimientos de wolframio de Los Santos (Salamanca) y Valtreixal (Zamora). En otros casos, los proyectos dependen de estructuras complejas: Atalaya Mining (Riotinto y Touro) cotiza en Londres y no trasladó su sede social a España hasta 2025; Berkeley Minera (uranio de Retortillo) y Highfield Resources (Mina Muga) son filiales de firmas australianas; esta última frustró en 2024 la entrada del gigante chino China Minmetals como socio.
“Esto sitúa la autonomía estratégica europea en una contradicción evidente: depender de inversores de fuera para intentar reducir la dependencia exterior”
En Catalunya se han producido movimientos recientes que evidencian otras lógicas de movilización llamadas a tener un fuerte protagonismo. En la comarca del Bages, la minería de potasa de la israelí ICL (Iberpotash) reactivó en 2026 una movilización de miles de personas convocada por Revoltes de la Terra y Boicot ICL. El vínculo con el Estado de Israel y la guerra en Palestina alimentó esta movilización, que terminó con el sabotaje de las vías de ferrocarril que llevaban el mineral hasta el puerto de Barcelona. Y un año antes, la misma red reunió a 3.000 personas en Mont-roig del Camp (Tarragona) contra la fábrica de baterías de la surcoreana Lotte.
Otro de los fenómenos de oposición requiere una finura analítica relevante. El caso catalán ilumina una dimensión que excede lo ambiental: el paisaje como agravio territorial. Las representaciones geopolíticas del nacionalismo catalán convierten el territorio en un espacio fragmentado y las políticas industriales, en este caso sobre energía renovable, se ven profundamente condicionadas. Así pues, 521 aerogeneradores, el 64% de todos los de Catalunya, se concentran en las comarcas de la provincia de Tarragona a pesar del potencial del noreste de la provincia de Girona (zona del Empordà), una distribución que coincide con la zona de veraneo de parte de las élites barcelonesas. Por otra parte, en la comarca de la Terra Alta surgió una plataforma contra las nuevas torres eólicas, y municipios limítrofes, como Batea, afectados por la concentración de los aerogeneradores, articulaban su malestar frente a una Generalitat percibida como un ente lejano que permite agravios territoriales. El alcalde de Batea contestó a esta situación de agravio advirtiendo durante el proceso independentista que, si este cristalizaba, el municipio se fusionaría con Aragón. Por lo tanto, la implementación de aerogeneradores en Catalunya está ligada a la romantización de los paisajes, que condiciona la política industrial y energética del territorio.
Pulse sobre el mapa para hacer zoom. Mapa 2 · Las fronteras y los límites en Catalunya: distribución del voto independentista en las elecciones autonómicas de 2017, principales pasos transfronterizos e interregionales, red viaria y ferroviaria, pistas de esquí y parques eólicos. Elaboración: Kartex Risk.
Estos casos son analíticamente decisivos porque muestran una fusión de marcos narrativos: la defensa del territorio —con un carácter soberanista o nacionalista—, el ecologismo, el patrimonialismo, el anticapitalismo, el antiglobalismo, el antimilitarismo y la causa palestina. Todos ellos se entrelazan en un mismo repertorio. Por lo tanto, la contestación al mineral parte de diferentes visiones sobre el territorio, pero todas ellas suelen converger en un rechazo común a la minería.
“La contestación al mineral parte de visiones muy distintas del territorio, pero todas convergen en un mismo rechazo”
El análisis digital confirma que esa contestación tiene estructura de red propia, y no solo presencia mediática. A partir de un corpus de 20.282 mensajes publicados en X entre julio de 2025 y julio de 2026 (12.484 cuentas), de los que el 83% menciona explícitamente las tierras raras, y de una red de interacciones de 45.126 nodos y 59.231 aristas, la detección de comunidades identifica el movimiento gallego antiminero como un conglomerado nítido y cohesionado de 389 cuentas (474 enlaces internos). Está articulado por medios en gallego —Nós Diario (96 enlaces recibidos) y eldiario.es Galicia (77)—, el sindicato CIG (54) y un tejido de plataformas vecinales y actores políticos locales: Ulloa Viva, Ecoloxistas en Acción, Verdegaia, Podemos Arousa y el BNG.
Riesgos geopolíticos: la instrumentalización ideológica de la cuestión minera
A pesar de los riesgos, no se aprecian campañas dirigidas a estos movimientos, que todavía mantienen un carácter local muy marcado, incluso en redes sociales (como hemos visto anteriormente). Son, en su enorme mayoría, expresiones auténticas de conflicto socioambiental, y el sector gallego destaca en particular. El riesgo no está en su existencia, sino en la permeabilidad de sus marcos a operaciones de influencia que llevan casi una década operando en el ciberespacio hispanohablante. Como he documentado en diferentes artículos en Agenda Pública, la interferencia informacional prorrusa en España no apunta —a diferencia de Francia o Alemania— a la derecha radical, sino de forma privilegiada a la izquierda radical y a los independentismos, no por afinidad ideológica, sino por oportunismo desestabilizador: estas fracturas territoriales e identitarias son el punto de mayor rendimiento.
Esa infraestructura tiene una arquitectura conocida de tres niveles —medios institucionales rusos (RT, Sputnik, TASS), canales intermediarios en español (IrinaMar_Z, elOjOen, Ucraniando) e interfaces hacia los movimientos sociales (Chalecos Amarillos, EH Donbass, Sare Antifaxista)— y un discurso anticolonial, antiglobalista y antiimperialista que presenta a Occidente como saqueador imperialista y a la resistencia como legítima defensa. El punto relevante para la cuestión minera es que ese marco encaja de forma natural con el agravio extractivista: “las potencias vienen por nuestros recursos” es, a la vez, la consigna del antiimperialismo iberoamericano y la del prorruso europeo.
“El mensaje no llega como propaganda geopolítica: llega como defensa del territorio, en el vocabulario del receptor”
Para verificar estas cuestiones, hemos analizado los discursos sobre los conflictos mineros en X y en Telegram durante este último año, combinando lexicometría y análisis de redes. El resultado matiza cualquier alarmismo, pero también cualquier complacencia. El vocabulario del corpus es abrumadoramente geoeconómico y antiimperial, no ambiental: tras “tierras raras”, las palabras dominantes son petróleo (216 apariciones), oro (176), China (136), Trump (107) y Venezuela (102), con fórmulas fijas como “petróleo, oro y tierras raras” o “gringos extrayendo petróleo y tierras raras”. Los proyectos españoles apenas aparecen: solo 648 mensajes cruzan España con minerales críticos, y los bigramas dominantes son territoriales y conspirativos —”Castilla y León” (48), “Ciudad Real” (28), “incendios España” (12)—. El debate español sobre tierras raras, en sentido estricto, es todavía latente y especulativo.
En el corpus de Telegram asociado a la conversación sobre tierras raras y minerales críticos figuran canales como @guerrasygeo —que en mi cartografía de la desinformación acumulaba más de un millón de visualizaciones a comienzos de 2026 y alimentaba a la cuenta hiperactiva @marianpy1— y Chalecos Amarillos, una de las interfaces documentadas entre el ecosistema prorruso y los movimientos sociales. Su copresencia en la conversación minera no prueba la coordinación orgánica de las plataformas antimineras, pero sí evidencia que los mismos nodos que reencuadran Gaza, Ucrania o la crisis venezolana están disponibles para reencuadrar el conflicto minero dentro del marco antioccidental. La convergencia de marcos es un hecho; la orquestación, una hipótesis que requeriría atribución específica y para la que, de momento, no se aprecian evidencias claras. Esa arquitectura sí es medible en su forma: Telegram opera como hub de redistribución, con tres o cuatro dominios —diared.org, resumenlatinoamericano.org, Rumble— concentrando la mayoría de los enlaces, y con un nicho conspirativo activo que vincula los lantánidos con el grafeno y las vacunas. La facilidad con la que transitan los contenidos por internet y el efecto derrame pueden contribuir a que los discursos antiextractivistas de Iberoamérica alimenten los discursos locales, aunque el factor lingüístico también puede ser limitante en los ámbitos gallego, catalán, valenciano y vasco, con cámaras de eco propias y bastante herméticas por el componente lingüístico.
“Los mismos nodos que reencuadran Gaza, Ucrania o la crisis venezolana están disponibles para reencuadrar el conflicto minero dentro del marco antioccidental”
Entre las quince cuentas con mayor PageRank del corpus de Telegram no figura ni un solo actor institucional español ni ninguna plataforma vecinal: dominan cuentas de humor viral, el presidente colombiano Gustavo Petro y, de forma significativa, nodos del ecosistema multipolarista como @InaFinogenova —vinculada a RT— y @canalredamlat, con más de 2.000 enlaces recibidos cada uno. La red incluye además un clúster multipolarista transnacional de 2.543 cuentas (léxico: China, Rusia, recursos), de tamaño casi siete veces superior al del movimiento gallego. Quienes fijan el marco de los minerales críticos y las tierras raras en español no son los territorios afectados, sino actores geopolíticos externos a ellos.
El vector transnacional más eficaz observado es la teoría conspirativa que vincula incendios y minerales, según la cual el fuego se provoca para despejar terreno o paralizar proyectos de tierras raras. Este elemento cobra especial relevancia dado el sofocante calor de este verano, acompañado de múltiples incendios. En el corpus analizado, este relato genera 801 mensajes y circula simultáneamente por la esfera chilena —el proyecto de Penco/Aclara— y la española —Castilla y León, Galicia, León, Extremadura—, con un marco conspirativo que multiplica por nueve el volumen del desmentido explícito (277 frente a 31). Los mensajes de mayor alcance ilustran que, mientras una cuenta anónima difunde que las zonas donde se han descubierto tierras raras coinciden con las zonas incendiadas (168 retuits), la refutación técnica —que el fuego no daña unos yacimientos situados a decenas de metros de profundidad— apenas alcanza cifras equiparables (163 retuits) y, sobre todo, queda ampliamente superada en volumen. Es la ilustración perfecta de cómo el espacio hispanohablante funciona como caja de resonancia: una narrativa se produce en América Latina, se amplifica en España y regresa (o a la inversa), apoyada en la convergencia ideológica transatlántica entre la izquierda española y los progresismos iberoamericanos que los medios del Kremlin llevan años cultivando.
La conversación observada es una red de difusión, en lugar de un espacio de deliberación. La reciprocidad es prácticamente nula (0,009). Además, el mayor componente fuertemente conexo se reduce a 58 cuentas de un total de más de 45.000, y la autoridad se concentra en poquísimos nodos —el mayor acumula 4.830 enlaces recibidos—. Al mismo tiempo, existe una fuerte fragmentación en esferas nacionales con escasos puentes entre sí (modularidad 0,86). Las comunidades detectadas en el discurso sobre la cuestión minera son, de hecho, mapas políticos: Chile (3.536 cuentas), Colombia (2.427), España (1.568), México (1.033). Esta arquitectura es un caldo de cultivo para cámaras de eco y facilita que un marco conspirativo o un contenido desinformativo migre de una esfera a otra sin la fricción que impondría el debate. En un contexto de polarización y radicalización crecientes —y con el precedente, ya no informacional sino cinético, de la operación Hakan de 2026, que desarticuló en Barcelona una célula que quemó naves industriales para presentar los incendios como ataques ocurridos en Ucrania—, el peligro para la autonomía estratégica es doble. Por un lado, la deslegitimación indiscriminada de cualquier proyecto minero, con independencia de su mérito ambiental; por otro, la captura del debate público por actores interesados en perpetuar la dependencia europea de terceros países proveedores, como China.
“El eslabón más débil de la autonomía estratégica europea puede no estar en el subsuelo, sino en su esfera pública”
La conclusión no es que haya que blindar los proyectos mineros frente a la contestación. Es que la autonomía estratégica, para ser real, exige algo más que capacidad industrial y marcos regulatorios estables. La patrimonialidad del territorio, el ecologismo, el nacionalismo del paisaje y el anticapitalismo no son ruido sobrevenido, sino representaciones que se articulan como respuestas territoriales a la acción industrial, espacios de veraneo, etc., y que compiten, con eficacia demostrada, por la misma legitimidad que invoca el discurso de las materias primas críticas. Ahí reside la tensión que ningún reglamento resuelve por sí solo; la transición energética y la digitalización dependen de una base mineral que hay que extraer de algún sitio, y ese sitio es siempre el territorio de alguien.
