The debate sobre la inmigración en España se ha acelerado alrededor de una fórmula intencionadamente controvertida: la “prioridad nacional”. Los pactos de investidura entre PP y Vox en Extremadura y Aragón la han instalado en el centro del lenguaje público, y los dos partidos han firmado el mismo texto leyéndolo en direcciones opuestas. Génova habla de “arraigo” —según Feijóo, “con independencia de la nacionalidad de esa persona” y “de acuerdo con las leyes”—, mientras que Vox aclara que se refiere a “los españoles”. La ambigüedad no es un descuido: permite firmar sin convenir y disputar después. A la izquierda, por su parte, la fórmula le ofrece la posibilidad de orientar el debate hacia alegaciones de racismo y xenofobia y eludir la formulación de una política migratoria que preste atención al creciente malestar social.
El problema de fondo, sin embargo, reside en el marco conceptual defectuoso que esa fórmula normaliza. La “prioridad nacional” congela al inmigrante en una identidad de origen permanente e inalterable. No importa si aprende la lengua, si cotiza, si escolariza a sus hijos, si se integra en los códigos del país: lo que decide su estatus moral y político es el hecho bruto de haber nacido en otro sitio. Al ignorar la trayectoria, el marco niega que la pertenencia sea un proceso; la convierte en un dato censal ex ante. La paradoja es que parte de la izquierda, al aceptar discutir casi exclusivamente en el plano de la legalidad administrativa —papeles, regularizaciones, etc.—, renuncia a reivindicar la integración y la asimilación como horizonte republicano. El terreno queda servido para que la derecha identitaria fije la agenda.
“La integración cívica —la asimilación— es la auténtica prioridad. Y su éxito depende de un contrato recíproco entre exigencias claras y oportunidades reales”
Por ello, el debate migratorio no puede reducirse al origen: debe centrarse en el desenlace. La integración cívica —la asimilación— es la auténtica prioridad. Y su éxito depende de un contrato recíproco entre exigencias claras y oportunidades reales. Exige al inmigrante la adhesión a un marco social y normativo compartido, pero también espera de la sociedad de acogida que ofrezca un recorrido verosímil de prosperidad personal y ascenso social en la medida en que el recién llegado se integre.
El saldo fiscal como síntoma de la asimilación
Esa integración tiene, entre otros efectos, una traducción fiscal relevante. Cuando funciona, el inmigrante converge con el nativo en patrones de empleo, cotización y uso de servicios públicos, y su saldo fiscal —lo que aporta frente a lo que recibe— tiende a equilibrarse o a ser positivo. Cuando falla, ocurre lo contrario. En una sociedad cada vez más tensionada por el envejecimiento demográfico y por la presión sobre las cuentas públicas, esta dimensión es parte del problema que legítimamente preocupa al ciudadano medio y que el debate público debería poder abordar sin acusaciones reflejas.
En términos agregados, organismos como la OCDE han mostrado que el impacto fiscal de la inmigración tiende a situarse cerca de la neutralidad. Pero esa media oculta heterogeneidades significativas. Los estudios de contabilidad generacional en países con series largas y datos administrativos detallados — Dinamarca es el caso más citado — han documentado diferencias notables entre grupos de inmigrantes, con saldos fiscales positivos o cercanos a cero para algunos colectivos — inmigrantes procedentes de otros países de Europa occidental— y déficits acumulados para otros —procedentes del norte de África y de Oriente Medio—.
“Cuando la integración falla, el resultado es un uso más intensivo de los servicios públicos y una contribución menor a las arcas del Estado”
Sería tentador interpretar estos datos como prueba de que el origen decreta inflexiblemente el resultado fiscal. Lo que realmente revelan, considerando los demás factores observables —tasas de empleo, estabilidad laboral, nivel educativo de llegada—, es que el saldo fiscal es el reflejo de un proceso de integración más o menos exitoso. Cuando la inserción en el mercado de trabajo es rápida y sostenida, y cuando las instituciones facilitan la acumulación de capital humano y la movilidad social, la brecha fiscal tiende a cerrarse. Cuando la integración falla, el resultado es un uso más intensivo de los servicios públicos y una contribución menor a las arcas del Estado.
El déficit fiscal no es, por tanto, una causa: es un síntoma. La pregunta relevante deja de ser si la inmigración “suma o resta” y pasa a ser qué mecanismos producen el resultado observado.
El necesario replanteamiento del debate
Si el origen no es un predictor fiable, si la contención total de llegadas es una entelequia y si el saldo fiscal es un síntoma en lugar de una causa, entonces urge reordenar el debate en torno a la integración no como resultado espontáneo, sino como objetivo político deliberado. Pero la dificultad para abordar esta cuestión reside, sin embargo, en que los extremos de los grandes bloques ideológicos comparten en realidad la interpretación de la inmigración como un vector de transformación cultural disruptivo.
Parte de la izquierda ha contemplado la inmigración como una fuerza a su servicio para derribar los marcos culturales preexistentes —los de una sociedad católica, tradicional, homogénea—. La celebra, en cierta medida, por lo que disuelve: le atribuye un efecto emancipador casi automático sobre las estructuras heredadas, como si la diversidad étnica por sí sola actuara de panacea contra los males sociales. Sectores de la derecha asumen por reacción exactamente el mismo encuadre con signo invertido: si la inmigración erosiona la identidad recibida y altera la composición simbólica del país, entonces debe suprimirse. Los dos bandos disputan el veredicto moral —bienvenida o rechazo, celebración o alarma—, pero coinciden en el diagnóstico: la inmigración es, ante todo, un agente de mutación identitaria de la sociedad receptora.
“Sería intelectualmente deshonesto negar que los flujos humanos han transformado a las sociedades a lo largo de la historia, con etapas no siempre desprovistas de convulsión”
Y hay algo de verdad en ello. Sería intelectualmente deshonesto negar que los flujos humanos han transformado a las sociedades a lo largo de la historia, con etapas no siempre desprovistas de convulsión: ¿quién no recuerda los enfrentamientos entre nativos protestantes y católicos inmigrantes en la mitad del siglo XIX que retrata la película Gangs of New York? Pero sería igualmente miope abdicar de la responsabilidad de que esos flujos no devengan en tragedia, o permitir que se instrumentalicen para acometer fantasías revolucionarias. Salir de la premisa compartida de la inmigración como agente irrevocablemente disruptor es condición necesaria para pensar el problema con claridad.
Qué significa asimilar: la reciprocidad del contrato
A menudo, cuando se habla de integración, el debate se encalla en un falso dilema: o un multiculturalismo de compartimentos estancos, o una asimilación rígida, casi folclórica, que confunde la nación con el costumbrismo. Ambas opciones son malas. La primera, porque produce archipiélagos: cohabitación sin comunidad. La segunda, porque exige lo imposible o lo irrelevante, y acaba humillando.
La integración que funciona es, casi siempre, una integración cívica. Francia y Reino Unido —con todas sus imperfecciones y con episodios de fracaso que sería ingenuo ocultar, desde las banlieues al 7-J londinense— ilustran, aun así, una idea que España puede mirar sin prejuicio: la pertenencia nacional puede organizarse como proyecto político moderno, no como genealogía. Francia se reinventa periódicamente como república de ciudadanos; Reino Unido convive con la paradoja de ser unión de naciones diversas y, aun así, sostener un marco de britishness que opera como lingua franca de valores. La identidad compartida no se reduce a la historia: se compone de reglas del juego, instituciones respetadas, un estilo de convivencia y, sobre todo, una promesa de ascenso social.
Por eso resultan elocuentes algunos ejemplos de éxito integrador en la cúspide de la representación política. La razón no es que la política sea el único termómetro; simboliza la pertenencia completa: trabajar y pagar impuestos, y también mandar y ser mandado en igualdad. La trayectoria del ex primer ministro británico Rishi Sunak, hijo de inmigrantes de origen indio, se convirtió en una metáfora contemporánea de esa integración basada en ambición, educación, trabajo y un relato nacional que no le exigió renunciar a su herencia privada para participar plenamente en lo público. Y, tras él, el liderazgo de Kemi Badenoch al frente del Partido Conservador confirma que esa integración se ha consolidado en la cúspide conservadora británica.
De este modo, el fenómeno trasciende el eje británico y el eje ideológico. Sadiq Khan, hijo de un conductor de autobús paquistaní y alcalde laborista de Londres desde 2016, y Najat Vallaud-Belkacem, nacida en Marruecos y exministra socialista de Educación en Francia, ilustran que el ascenso cívico del inmigrante de segunda generación no es patrimonio de ninguna sensibilidad política.
“Negar que existan «reglas culturales» en el espacio común es una forma refinada de crueldad contra el inmigrante: relega al recién llegado a nunca ascender socialmente”
Hay un aspecto quizá espinoso pero central en estos casos: la integración es un estatus jurídico y también un aprendizaje de códigos sociales. Hablamos, por tanto, de una lengua, modales públicos, maneras de participar en las instituciones y una cierta estética de la normalidad: cómo se habla, cómo se discute, cómo se discrepa, cómo se asume la ley como límite y como garantía. Negar que existan “reglas culturales” en el espacio común es una forma refinada de crueldad contra el inmigrante: relega al recién llegado a nunca ascender socialmente. Que haya estándares no es un problema; si acaso, el problema es quién los define y si están abiertos a todos. Lo deseable es prestigiarlos y convertirlos en un itinerario accesible.
Esto permite superar otro malentendido: confundir aspiración con esnobismo. Una sociedad necesita modelos de éxito que eviten la caricatura —ni distinción postiza ni autenticidades de museo— y expresen una idea sobria de progreso: estudiar, trabajar, emprender, prosperar, participar. Esa aspiración es la forma laica de la esperanza. Y sin esperanza, la integración se pudre y se convierte en resentimiento.
España: del “derecho a estar” al “deber de pertenecer”
España, por historia y temperamento, tiene ventajas: es menos etnicista que otros países europeos, su identidad cotidiana es relativamente porosa y se beneficia de la inmigración culturalmente afín de Hispanoamérica. Pero tiene también debilidades: un mercado de trabajo dual, un ascensor social que chirría, barrios donde la segregación escolar y residencial crece y una conversación pública que oscila entre el sentimentalismo y el alarmismo. En ese contexto, la integración no puede depender solo de la buena voluntad. Necesita un camino exigente y justo.
Exigente significa, ante todo, que la integración se concibe como un deber: respetar la ley, aceptar la igualdad entre hombres y mujeres como principio no negociable, reconocer la legitimidad de las instituciones democráticas y, llegado el caso, asumir una lealtad mínima a los valores liberales consagrados en nuestra Constitución. Esto debe plasmarse como contrato de convivencia, porque la ciudadanía es un estatuto de igualdad que exige reciprocidad.
Justo significa que el país de acogida debe ofrecer un itinerario realista para cumplir ese deber. La clave está en el ascensor social. Buena parte de la hostilidad hacia la inmigración nace cuando la población percibe que algunos grupos quedan enquistados en los márgenes, reproduciendo pobreza y distancia cultural. Ese fenómeno alimenta el prejuicio; el prejuicio alimenta la exclusión; la exclusión alimenta la contracultura; la contracultura alimenta el conflicto. Es un círculo vicioso que, una vez instalado, resulta caro y difícil de revertir.
“El bienestar sin integración produce dependencia; la integración sin bienestar produce explotación”
Por eso la integración es también una política de seguridad —en el sentido amplio y decente del término— y una política del estado del bienestar. Dinamarca, con su foco en incentivos y empleo, ofrece lecciones discutibles en algunas medidas, pero indiscutibles en una intuición: la inserción laboral es el eje sobre el que gira la sostenibilidad del modelo social. España no tiene por qué copiar a Dinamarca, pero sí debería aprender de su claridad: el bienestar sin integración produce dependencia; la integración sin bienestar produce explotación.
A menudo se afirma que la inmigración es un hecho inevitable por presión demográfica y por gradientes de renta y seguridad entre regiones. Probablemente es cierto, y las cifras españolas recientes sugieren que el fenómeno ya es estructural. Precisamente por eso hace falta un pacto implícito que sea políticamente vendible: quienes temen perder cohesión tienen que saber que existe un marco de exigencia e integración; a quienes subrayan la necesidad económica y demográfica de la inmigración, se les debe recordar que sin integración esta se convierte en fragilidad económica.
La pregunta, en el fondo, es muy orteguiana: ¿qué proyecto de vida en común somos capaces de proponer para que una sociedad diversa deje de ser una suma de diferencias y se convierta en una convivencia con forma? La respuesta está en la modernidad constitucional: una identidad española que reconozca raíces históricas, sí, pero que se defina sobre todo por ciudadanía, libertades, igualdad ante la ley y ambición compartida de prosperidad futura.
Integrar, entonces, no es pedir al inmigrante que se borre. Es pedirle que pertenezca. Y pertenecer implica obligaciones, pero también una promesa: que el país le abrirá la puerta del progreso si hace su parte. Sin esa promesa, la exigencia se percibe como abuso; sin esa exigencia, la promesa se percibe como ingenuidad. La integración es ese punto de encuentro —inestable, trabajoso, siempre inacabado— donde una sociedad se reconoce a sí misma lo bastante como para poder incorporar a otros sin miedo y sin cinismo.
“La inmigración pone a prueba la capacidad de acogida, pero también la calidad del contrato social”
Al final, la inmigración pone a prueba la capacidad de acogida, pero también la calidad del contrato social. Los inmigrantes seguirán llegando. Podemos seguir discutiendo saldos fiscales, y debemos hacerlo con rigor. Sin embargo, si no discutimos con la misma seriedad el mecanismo íntimo de la pertenencia —la escalera de aspiración, el aprendizaje cívico, la representación, el orgullo tranquilo de formar parte—, estaremos dejando la cuestión decisiva en manos del azar, y el azar, en política, suele tener mala intención. Esta cuestión decisiva no es otra que en qué se convertirán una vez entre nosotros. Y, de forma inseparable, en qué nos convertiremos nosotros al recibirlos o al rechazarlos.
